El Gobierno aprobó hoy el proyecto que reforma la Ley de Ordenación del Comercio Minorista que reducirá los costes y trámites necesarios para abrir un negocio y que incluye la libertad de establecimiento con ausencia de autorización salvo casos de "interés general".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que cuando la nueva ley entre en vigor será "más fácil y barato" abrir un comercio minorista en España, al tiempo que señaló que garantiza el equilibrio entre los diferentes modelos comerciales, con el fin de satisfacer "sobre todo las necesidades de los consumidores".
De la Vega apuntó que las comunidades autónomas tendrán que establecer un procedimiento de autorización que integre todos los trámites necesarios cuando así lo exija específicamente un sector determinado.
Dijo que con esta normativa se cumple con los objetivos que establece la directiva europea de servicios en el mercado interior, que impone la eliminación de trabas injustificadas a la libertad de establecimiento y a la prestación de servicios y concluyó que es un paso más para liberalizar este sector.
Criterios de apertura
La nueva normativa suprime la definición de gran establecimiento comercial y fija que la autorización para la apertura de un comercio sólo dependa del impacto que tenga en el medio ambiente, en el entorno urbano y en la conservación del patrimonio artístico.
Asimismo, prohíbe los criterios económicos que restringen la apertura de nuevos establecimientos en función de la oferta comercial, así como la intervención de los competidores en los procesos de autorización.
Así, el proyecto de Ley recoge el principio de libertad de establecimiento y elimina la obligatoriedad de la licencia comercial, aunque se podrá establecer un régimen de autorización, justificándolo debidamente de acuerdo con el principio de proporcionalidad e identificando las razones que motivan dicho establecimiento y el impacto que tendrá.
Largo camino
La Ley de Comercio Minorista ha sido modificada desde su aprobación hasta en siete ocasiones, con el fin de adecuar su contenido al "constante proceso de globalización de la economía" y a la necesidad de que la regulación en este ámbito se adapte a la realidad de los mercados.
La aprobación de este proyecto de Ley se produce a pesar de las críticas de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), ya que considera que las comunidades autónomas mantienen su poder para regular el procedimiento de autorización para la instalación de establecimientos comerciales, lo que limita la competencia entre empresas y pone en riesgo el libre mercado.
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