¿Nueva savia para un árbol caduco?. Así definía un veterano socialista, con experiencia en la gestión de las finanzas públicas, la reforma que el presidente del Gobierno ha anunciado que va a hacer en el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Una reforma que apunta directamente a la cabeza del máximo responsable de la institución, Aurelio Martínez, que el jueves, sólo una hora después del anuncio de Rodríguez Zapatero, exigía al Ejecutivo más dinero para créditos y más plantilla para poder desarrollar una actividad que se ha multiplicado con la crisis sin modificar los recursos técnicos y el personal.
Declaraciones que algunos parlamentarios socialistas y personas próximas al Instituto interpretaban como un "auténtico desafío" a Zapatero y que, añadían, era un síntoma evidente de que "Aurelio ya se está marchando, bien porque quiere irse o bien porque le echan".
Y muy harto o desahuciado tiene que estar Aurelio Martínez para plantarse, sabiendo que ello le coloca a los pies de los caballos, y aunque el cargo que detenta todavía le impida decir toda la verdad sobre las razones del retraso y sobre la falta de eficacia en la instrumentación de las líneas de apoyo financiero a la economía real.
Economía negoció mal con los bancos y cajas
Porque el problema real del ICO no es de recursos financieros, actualmente dispone de cuatro veces más dinero del que tenía hace seis años. El verdadero problema que tiene el Instituto es que el Ministerio de Economía-el actual de Salgado y el anterior de Solbes- han negociado mal y sin autoridad con los bancos y las cajas de ahorro, tanto sobre los márgenes que les tenían que retribuir por la mediación como sobre los riesgos que deben asumir.
El Gobierno ni ha respaldado a su agencia financiera ante los bancos, ni ha sabido negociar con las entidades financieras para que los recursos habilitados los coloquen en tiempo y forma en el mercado. Y, claro, así les va, que de 38.605,5 millones de euros disponibles para dinamizar la economía, al término del primer semestre, el ICO apenas si ha podido formalizar 7.357,11 millones hasta la fecha.
Es decir, sólo se ha ejecutado el 19% de los fondos de las líneas de mediación, y la cantidad formalizada supone menos de la mitad de los 16.175 millones de euros concedidos durante 2008, año en que el Instituto manejaba un presupuesto muy inferior para sus líneas de crédito.
Competencia para los propios bancos
Y es aquí donde radica una gran parte de la culpa. Los bancos, sin estímulos ni alicientes para colocar un producto que muchas veces compite con su propia oferta, se han convertido en un angosto cuello de botella que obstaculiza que el crédito fluya con la agilidad y la eficacia que debiera a las empresas y familias.
Los datos de la última encuesta de las Cámaras de Comercio sobre el Acceso de las Pymes a la Financiación Ajena muestran que siete de cada diez de las 405.000 pequeñas y medianas empresas que recurrieron a las líneas del crédito oficial en el primer trimestre denunciaron obstáculos para la concesión del préstamo. La complejidad de las condiciones es la principal de las quejas empresariales, mientras que un 38,6% denunciaba que los bancos no les proporcionaban información sobre las líneas ICO.
Pero, al margen de los bancos, el ICO, al que los gobiernos de Rodríguez Zapatero han convertido en una especie Samur de la economía, tiene un importante problema de carencia de recursos técnicos y de personal.
Como gestor de las líneas de mediación para el apoyo a las empresas y familias, los técnicos del ICO son los encargados de supervisar la tramitación de cada una de estas líneas que hoy acumulan los citados más de 38.000 millones de euros, importe cuatro veces superior al volumen de créditos de 2007 y que ha cuadriplicado también el importe de supervisión que corresponde a cada uno de los 150 técnicos que el Instituto tiene en su plantilla, a los que en un reparto proporcional les corresponden 257,37 millones de euros por persona, frente a los 60,5 millones que les correspondían en 2006. Es decir, que el ICO ha cuadriplicado su balance, ha cuadruplicado el volumen de trabajo, pero sólo ha aumentado en dos personas el numero de técnicos en plantilla.
El Gobierno 'hace la vista gorda'
Y lo más grave del asunto es que el Gobierno es consciente de todo esto y lo consiente, tanto el ?boicot? de las entidades financieras como las insuficiencias estructurales del Instituto. El propio Aurelio Martínez ya se había quejado, por escrito, el pasado otoño, al entonces vicepresidente Pedro Solbes de estas carencias y el jueves denunciaba públicamente que también las había trasladado a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, sin tener respuesta hasta la fecha.Claro que si esto es así, y Martínez es consciente de que en estas circunstancias de los 38.000 millones disponibles este año apenas terminarán prestándose unos 20.000, como reconoció él mismo el mes pasado, ¿por qué no lo ha denunciado antes?
Y es que los propios gestores del ICO tampoco están libres de culpa. En el Gobierno y el PSOE son muchos los que llevan tiempo censurando el hecho de que tanto Aurelio Martínez como su "núcleo duro" en el Instituto sigan manteniendo su residencia en Valencia, mientras dedican a la institución poco más de las jornadas de lunes a jueves. Un tiempo que se estima "claramente insuficiente, y más para un volumen de trabajo como el que les ha correspondido con la crisis".
Por si esto fuera poco, Martínez, de quien nadie duda de sus conocimientos y su honradez, es un hombre puesto por el defenestrado Solbes, próximo a los antiguos dirigentes del partido en la Comunidad Valenciana, como Joan Lerma y Cipriá Ciscar, y tiene muy poco que ver con Salgado -a quien ya presentó la dimisión tras ser nombrada- y con el zapaterismo gobernante. Credenciales que le convierten en firme candidato a cesante en la reforma.
Porque es verdad que Zapatero tiene razón en que el ICO necesita esa reforma y también está acertado al plantearla, pero también está en lo cierto Martínez cuando le reprocha que en menos de un mes, lo que falta para las vacaciones de verano, no se puede hacer la reforma de calado que el organismo, la economía y la sociedad española necesitan. Y aquí lo de menos son los nombres y los plazos. ¿Será capaz de entenderlo el presidente?
