El eurodiputado búlgaro Vladimir Urutchev pedirá a su Gobierno que medie la cuestión con Zapatero
BRUSELAS, 24 (EUROPA PRESS)
Un grupo de eurodiputados europeos, incluidos varios españoles del Partido Popular, se comprometieron hoy en Bruselas ante una delegación de ingenieros de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña a enviar una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para pedirle que no cierre la central nuclear construida en 1971 y cuya licencia para operar expira el próximo 5 de julio.
Una delegación compuesta por los ingenieros Rodrigo González, Rodrigo Cuesta, Aida Muntión, y el operario de la central de Garoña Jorge Sanz pidió hoy el apoyo de la Eurocámara para que el Gobierno español apruebe renovar la licencia de la central para poder operar, al menos, durante una década más, hasta 2019, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear haya avalado por "unanimidad" en un informe técnico "favorable" que la central puede continuar funcionando de forma segura durante 10 años más.
La eurodiputada socialista húngara Edit Herczog planteó la idea de enviar una misiva al jefe de Gobierno español al considerar que "España, en la situación actual, no está en condiciones de cerrar Garoña, sobre todo cuando lo que persigue la política energética europea es garantizar el abastecimiento precios módicos para los hogares y cumplir Kyoto". Herczog recordó que socialistas españoles como el ex presidente español Felipe Gonzáles o el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, se oponen a su cierre.
El resto de eurodiputados que hoy se reunieron con la delegación de trabajadores de Garoña respaldaron enseguida la propuesta de enviar una carta a Zapatero, incluidos los eurodiputados del PP Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera, Pilar del Castillo y Cristina Gutiérrez-Cortines, así como el conservador británico Gilles Chichester, el escocés Struan Stevenson, el italiano Gabriele Albertini y el búlgaro Vladimir Urutchev.
Éste último además se comprometió a abordar la cuestión de la central de Garoña con el Gobierno socialista de su país para que interceda y medie ante el presidente Zapatero, según explicó el PP en un comunicado. En su misiva, los eurodiputados acordaron pedir expresamente al presidente español que acepte la continuidad de Garoña y reciba sus trabajadores.
CONTRA UN CIERRE IDEOLÓGICO
El eurodiputado 'popular' abulense Agustín Díaz de Mera explicó que el conjunto de eurodiputados que se reunió hoy con los trabajadores de Garoña están de acuerdo en que resulta "inconcebible que se decrete un cierre exclusivamente por razones ideológicas" si las autoridades competentes avalan que su continuidad no entraña riesgos de seguridad.
Para su correligionario de partido, el eurodiputado Alejo Vidal-Quadras, cerrar Garoña "es como tener un reloj suizo de gran precisión y destrozarlo a martillazos"
en un momento en el que España no sólo presenta una de las mayores tasas de desempleo en Europa, con más de cuatro millones parados, sino que también depende de la energía exterior y se aleja de cumplir los compromisos de reducción de emisiones de C02 de Kioto.
El eurodiputado escocés Struan Stevenson también calificó de "dogmatismo político" cerrar una central antes de que concluya su ciclo de vida útil, como en el caso de Garoña. "Los europeos deben saber que (una decisión para cerrar la central) destruye puestos de trabajo, que dificulta una situación económica ya de por sí grave y que va en contra de los esfuerzos por garantizar el suministro energético con una política de diversificación de las fuentes de energía que sea más sostenible y permita cumplir con los compromisos de Kioto", explicó.
Los trabajadores han defendido ante los eurodiputados que existen suficientes razones técnicas para renovar la licencia de la planta al menos hasta 2019 como ha avalado por "unanimidad" el Consejo de Seguridad Nuclear y además defendieron que su continuidad operativa "no supone en absoluto ningún caso excepcional" dado que es algo que ya está sucediendo en otros países.
Asimismo, advirtieron de que su hipotético cierre en España pondrá en peligro más de 1.000 empleos directos e indirectos en torno a la central y afectará al conjunto de la comarca de Valle de Tobalina.
LOS INGENIEROS CRITICAN AL GOBIERNO
El ingeniero de la central Rodrigo Cuesta rechazó la idea que podría barajar el Gobierno de conceder a la central nuclear una permiso de licencia por un plazo que oscila entre dos y seis años al considerar que ello puede desincentivar "el gran número de inversiones" para modificar "diferentes sistemas" de la central con el objetivo de "cumplir con la normativa de diseño actual de nuevas centrales". "Somos la única planta en el mundo que lo va a hacer y eso supone una gran cantidad de inversión", recordó.
"Si nos dan un permiso de tres o cuatro años... ¿Qué inversiones haríamos, cuáles no?", se preguntó el ingeniero de Garoña.
Preguntado por las inversiones necesarias en la central para garantizar el almacenamiento de los residuos nucleares, Cuesta aseguró que la "modificación para poder albergar futuros elementos combustibles" no plantea "ningún" problema. "Es uno de los puntos del informe del Consejo de Seguridad Nuclear", recordó.
"No entendemos exactamente en qué se basan esas peticiones" del Gobierno para pedir nuevos informes técnicos al Consejo Nuclear de Energía "con un informe completamente objetivo encima de la mesa en el cual (el Consejo de Seguridad Nuclear) valora que durante 10 años podemos seguir operando de manera fiable". "Creemos que no puede plantear un escenario que contemple una reducción de ese plazo", explicó.
Asimismo, el ingeniero recordó que en el caso de otros países que han solicitado permisos de explotación para poder mantener operativas sus centrales nucleares "hasta los 60 años" se les ha concedido permisos "por 20 años más". "En España la normativa actual nos obliga a solamente poder pedir permisos cada diez años", lamentó
