MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Facua ha denunciado "graves irregularidades" en el proceso de liberalización eléctrica, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio, ante las autoridades de Consumo de las diecisiete comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social.
En concreto, la asociación de consumidores señaló que a partir del próximo 1 de julio, cientos de miles de usuarios de pequeñas distribuidoras eléctricas "serán dados de alta, lo quieran o no, en comercializadoras cuyas tarifas y condiciones contractuales resultan una incógnita, y con las que, además, no podrán acogerse al denominado bono social".
El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, destacó esta "discriminación acompañada de prácticas abusivas" de la que serán víctimas clientes de una parte de las más de 300 pequeñas distribuidoras que operan en España.
Desde el 1 de julio, todos los usuarios domésticos con hasta 10 kilovatios (kW) de potencia contratada con la tarifa regulada por el Gobierno deberían pasar a depender automáticamente de una empresa comercializadora que les seguirá aplicando una tarifa establecida por el Ministerio de Industria -la cual se denominará a partir de entonces Tarifa de Ultimo Recurso (TUR)-, con una subrogación de sus actuales condiciones contractuales.
Sin embargo, Facua indicó que buena parte del alrededor de un millón de usuarios que no dependen de las grandes distribuidoras que operan en España -Endesa, E.On, Hidrocantábrico, Iberdrola y Unión Fenosa- "no serán traspasados a una de las cinco denominadas comercializadoras de último recurso, sino a algunas de las que operan con tarifas del mercado libre".
Así, la asociación consideró que pequeñas distribuidoras de todo el país han negociado acuerdos con las grandes comercializadoras del mercado libre para traspasarles a sus clientes o han creado las suyas propias para mantenerlos, por lo que esos usuarios "se encuentran con la incógnita de cuál será la tarifa que les aplicarán las nuevas compañías que les han impuesto y bajo qué cláusulas contractuales".
Con esas altas unilaterales sin información previa sobre las condiciones, Facua advirtió que las empresas están vulnerando el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Según el texto redactado por el Ministerio de Industria, antes del 1 de julio los usuarios pueden pasarse a cualquier comercializadora de último recurso -tarifas fijadas por el Gobierno- o a una de las que operan con sus propias tarifas.
IMPOSIBILIDAD DE CONTRATAR COMERCIALIZADORA DE TUR.
Sin embargo, Facua denunció que al llamar a los teléfonos de las cinco compañías que aplicarán la TUR, las filiales de Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa niegan a los clientes de otras eléctricas la posibilidad de solicitar el alta antes del 1 de julio, algo que también ocurre con E.On e Hidrocantábrico, que sólo admiten esa posibilidad en algunos casos, según el teleoperador que atienda al usuario.
Además, añadió que los teléfonos de las cinco compañías de último recurso son atendidos por los mismos teleoperadores de las de mercado libre de sus grupos empresariales, "que intentan convencer a los usuarios que contraten con éstas y no con aquellas".
Así, consideró que los usuarios de las pequeñas distribuidoras están obligados a comenzar el mes de julio dependiendo de una comercializadora del mercado libre si así lo han decidido unilateralmente sus compañías.
De esta manera, la asociación afirmó que sólo a partir de entonces podrán solicitar a una compañía de último recurso que les aplique la tarifa fijada por el Gobierno y, en su caso, beneficiarse del descuento que implicará el bono social: si su potencia es de 2,2 kW o menos, todos los miembros de la familia están en paro o no alcanzan determinados niveles de renta.
Facua subrayó que se dirigió el pasado 4 de junio a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria para trasladarle la situación, sin que haya recibido aún respuesta sobre "si las prácticas se están llevando a cabo con su beneplácito o considera que vulneran el espíritu del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector eléctrico".
