El instituto considera que el fondo de reestructaración bancaria cubrirá "cualquier tipo de eventualidades" del sistema
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El profesor de Estrategia Bancaria del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), Enrique Pérez-Hernández, aseguró hoy que si el Estado subscribe acciones de los bancos o cuotas participativas a las de las cajas de ahorros "debe tener derechos políticos para poder dirigir la estrategia de gestión y trasladar las ayudas a la economía real".
Pérez-Hernández realizó estas declaraciones durante un encuentro con los medios ofrecido por la institución con motivo de las jornadas sobre intervenciones públicas en el sector financiero que se desarrollan en el centro. En el acto también estuvieron presentes los profesores del IEB, Lorenzo Dávila y Pablo Cousteau, así como director del Instituto, Alvaro Martínez-Echavarría.
Para Lorenzo Dávila, el problema existente es que "hay que justificar de alguna forma la intervención del Estado y la repercusión a los ciudadanos de ello", y aseguró que si el Estado no entra en la gestión o limita las políticas que se han venido practicando dentro de algunas entidades "no se soluciona el problema de que las entidades no trasladan las ayudas que reciben a la economía real".
"Si el Estado no tiene participación ejecutiva en la entidad no puede tomar decisiones estratégicas y es un debate creciente que estas participaciones tienen que convertirse en acciones ordinarias para que el estado pueda tomar decisiones, y creemos que gran parte de los problemas de recapitalización se pueden solucionar a través de la toma de decisión y hay que permitir que quien ponga el dinero tenga poder", aseguró Dávila.
Por su parte el profesor Pérez-Hernández matizó que cuando se habla de nacionalización o intervención temporal es una medida "absolutamente coyuntural para solventar los problemas y devolviendo al mercado la participación, propiedad y gestión que ha sido objeto de dicha intervención.
Del mismo modo, Enrique Pérez-Hernández aseguró que el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) del Gobierno, que partirá con una dotación inicial de 9.000 millones de euros ampliables hasta 99.000 millones, "cubrirá de lejos cualquier eventualidad del sistema y actuará como contingencia para que las agencias de rating entiendan que el Estado está dispuesto a intervenir en favor de las entidades"
"Los 9.000 millones de euros iniciales me parece una cifra razonable, porque el enfoque del Gobierno es dar una solución que sea privada, sin invertir recursos públicos que impliquen un incremento del volumen de la deuda pública, y para lograr esto se deben fomentar movimientos de fusiones corporativas entre entidades financieras y sólo en caso extremo entrará en juego el Fondo de Reestructuración para comprar activos tóxicos o recapitalizar entidades", explicó Pérez-Hernández.
Asimismo, los profesores del IEB aseguraron que el Gobierno evitará por todos los medios el colapso del sistema, y afirmaron que ningún país del mundo permitiría un nuevo caso 'Lehman Brothers', al existir una gran interconexión entre entidades.
