Valencia, 12 jun (EFE).- La Fiscalía ha pedido al Gobierno central que conceda la residencia temporal al trabajador boliviano que sufrió la amputación de su brazo izquierdo cuando estaba trabajando en situación ilegal en una panificadora de Real de Gandia (Valencia).
Según ha informado hoy un portavoz de la Fiscalía, esa petición se realiza por entender que "concurre un interés público, cual es la normal y correcta conclusión del procedimiento judicial" que se ha iniciado".
Se solicita también que, en el caso "de que exista expulsión acordada, que no se ejecute, por ser extranjero víctima de un delito, al resultar imprescindible su presencia para la práctica de diligencias y para la celebración del juicio".
Igualmente el ministerio público se ha dirigido a la Inspección de Trabajo para conocer la investigación realizada y para que le "remita, en su caso, el acta levantada".
La panificadora donde trabajaba Franns Melgar Vargas fue paralizada por la Inspección de Trabajo al día siguiente del accidente, puesto que las instalaciones técnicas estaban en "estado deficiente, sobre todo las eléctricas", según declaró el conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps.
Franns Melgar Vargas, que sufrió la amputación de su brazo izquierdo el pasado 28 de mayo, estaba empleado en la empresa en situación ilegal, trabajaba doce horas al día y cobraba 700 euros al mes, según sus declaraciones.
Según el sindicato Comisiones Obreras, el jefe del trabajador tiró el brazo a un contenedor de basura después del accidente, lo que impidió la reimplantación, le dejó a 200 metros del hospital y le pidió que no dijera nada sobre su situación laboral.
Después de ser atendido en el Hospital de Gandia, el trabajador fue trasladado a la Clínica Virgen del Consuelo de Valencia, donde ingresó en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) del centro, aunque actualmente ha sido trasladado a planta.
