MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
CC.OO. defiende que el Estado inyecte dinero público sólo en entidades financieras y para fusiones que sean viables, frente a una aportación generalizada e indiscriminada de capital en el sector financiero español, con el fin de prevenir la alarma social por una quiebra de confianza en el sector financiero.
"Se trataría de operaciones selectivas, justificadas y gestionadas por las autoridades supervisoras", según figura en la batería de propuestas formuladas por CC.OO. para abordar la reforma del sistema financiero en el marco del diálogo social.
El sindicato apuesta por usar en primera instancia fondos de las propias entidades, así como fórmulas flexibles de financiación pública, pero apoya el uso de dinero público en caso de que la situación lo requiera, como sucedió con Caja Castilla-La Mancha (CCM).
Este empleo de recursos no requiere necesariamente la compra de títulos en propiedad y puede realizarse a través e los Fondos de Garantías de Depósitos (FGD) o del anunciado Fondo de Reestructuración del Sector Financiero, pero siempre con la intervención del Banco de España, indica.
Según CC.OO., el Estado puede colaborar a recapitalizar las entidades para que puedan relanzar su actividad y puede avalar las emisiones de acciones, participaciones o deuda preferente o subordinada, fórmulas que refuerzan la solvencia de las entidades.
En este sentido, apunta a la posibilidad de que el Estado avale emisiones de participaciones preferentes, pero ve "altamente inconveniente" que el Estado suscriba cuotas participativas con derechos de voto, porque supondría un paso hacia el cambio de la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros.
También considera necesario que una ayuda de estas características se condicione a que las entidades refuercen sus reservas, renunciando temporalmente al reparto de dividendos y destinando beneficios a reforzar su estructura de capital y mantener el empleo.
EVITAR EL RIESGO SISTEMICO.
Estas fórmulas, indica, "deben ser de utilidad en la situación actual y ayudar a prevenir situaciones de mayor gravedad que hiciesen necesaria la intervención del sector público para evitar el riesgo sistémico, o lo que es lo mismo, la alarma social por una quiebra de confianza en el sector financiero".
En el caso de las cajas de ahorros, CC.OO. considera que también puede promoverse la creación de "sistemas de cooperación o integración estables" que permita aprovechar ventajas por un mayor tamaño en términos de solvencia, liquidez y de acceso a los mercados.
El marco de apoyos públicos elegidos, debe ayudar a impulsar la reestructuración ordenada del sector financiero, "buscando entidades de mayor dimensión" para afrontar un mercado más extrecho, con márgenes más estrechos, y para reducir costes.
Sobre este último aspecto, el sindicato exige compromisos que den prioridad a las garantías de empleo y a las medidas de reestructuración acordadas con las organizaciones sindicales, mediante mecanismos jurídicos de tutela de la gestión de estas entidades.
Por otro lado y sin modificar el sistema de supervisión prudencial llevado a cabo por el Banco de España, CC.OO. cree conveniente adoptar medida que hagan que el sistema de dotaciones para insolvencias "no sea tan 'procíclico' en estos momentos", teniendo en cuenta el crecimiento de la deuda hipotecaria de las familias.
"La obligación de los responsables públicos españoles tiene que ser normalizar en lo posible el funcionamiento del sistema financiero español como intermediario entre el ahorro y el crédito", afirma CC.OO., que ve esta normalización como un objetivo básico de cara a la recuperación económica.
