Los diputados de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y de ICV, Joan Herrera, han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que pretenden lograr que se congelen los salarios tanto de directivos, profesionales y trabajadores de empresas privadas como de funcionarios públicos que superen en siete veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, 4.368 euros mensuales.
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, reconoce la "dificultad legal" de limitar la libertad de contratación a la hora de fijar salarios, por lo que propone condicionar la aplicación de este tope en el sector privado a las ayudas públicas que, como consecuencia de la crisis, pueda recibir cualquier empresa, así como a la aprobación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Por debajo de 4.370 euros mensuales, los trabajadores de estas empresas y los funcionarios públicos mantendrán las mejoras en sus retribuciones "de acuerdo con los convenios y la negociación colectiva entre las partes".
IMPUESTO DE CRISIS PARA ALTOS SALARIOS
En la misma línea, ambas formaciones abogan por crear un "Impuesto Extraordinario de Solidaridad sobre Altos Salarios" cuya finalidad sería dotar un "fondo de solidaridad" para políticas activas de empleo y que permanecería en vigor "hasta que termine el año natural, en el que durante seis meses consecutivos el volumen de paro registrado en el Inem sea inferior al existente a 1 de enero de 2008".
Este nuevo tributo implicaría que los salarios que superen en cinco veces el ingreso bruto del trabajador de la empresa, organismo público o departamento ministerial "que menos gane" serán gravados al 90% en el IRPF, siendo las correspondientes cantidades calculadas, retenidas y liquidadas a Hacienda por el pagador.
