Pero limitada y dirigida a un objetivo prioritario: "combatir la temporalidad en el empleo " y, eso sí, "sin tocar el despido ni rebajar los derechos laborales". Así respondía el viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a las preguntas de este periódico sobre la necesidad de una reforma laboral que avanzó la semana pasada el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y que posteriormente confirmó la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado.
Unos líneas básicas que confirmaban ayer diversas fuentes próximas al Gobierno, quienes puntualizaban que, más que una reforma laboral, lo que está preparando el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero es "un conjunto de pequeñas modificaciones parciales dirigidas a objetivos concretos" entre los que la máxima prioridad es "impulsar el empleo estable".
Cambios limitados que "nunca estarán orientados a promover un cambio radical de nuestro mercado de trabajo y, menos, el abaratamiento del despido".
Las fuentes consultadas coinciden también en que las líneas básicas de esas modificaciones que tiene el Gobierno sobre la mesa se centran en: incentivar el empleo estable mediante bonificaciones fiscales o en las cotizaciones a la Seguridad Social; potenciar el contrato parcial indefinido; y utilizar los 20.000 millones de euros del nuevo fondo estatal anunciado por el presidente del Gobierno para aplicar a su modelo de "economía sostenible" para premiar a las empresas y sectores que creen puestos de trabajo indefinidos.
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