Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que plantea que la revisión del sistema de la financiación autonómica contemple la renegociación del Concierto Económico del País Vasco de manera que se "subsanen los elementos espurios" que contiene y que conducen a una "subvaloración" de la participación de esta comunidad en las cargas financieras del Estado.
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El texto de la iniciativa, al que tuvo acceso Europa Press, pide que se revise igualmente el Convenio Económico de Navarra, así como que se proceda a la integración del régimen fiscal de Canarias en el sistema de financiación autonómica, de manera que los recursos propios de esta región derivados de su "singularidad fiscal indirecta" se revisen dentro del mismo.
La formación liderada por Rosa Díez e integrada en el Grupo Mixto de la Cámara Baja aboga por que se potencie el papel de la Agencia Tributaria para que su gestión asegure la "unidad de mercado nacional". Con este objetivo, las comunidades deberían tener una "participación activa" en sus órganos rectores, si bien esto no debe implicar una descentralización de la administración de Hacienda.
Asimismo, aboga por que el IRPF se mantenga "en su integridad" dentro de las competencias del Estado central, mientras que el IVA y los Impuestos Especiales sólo sean transferidos "en lo que no pueda afectar a la unidad del mercado nacional español", ya que de lo contrario, puede influir en la progresividad de la tributación o incluso en un aumento del fraude fiscal.
FINANCIACIÓN COMPLETA DE POLÍTICAS DE EMPLEO.
UPyD reclama que la negociación con las comunidades sea multilateral y tenga como objetivo la "simplicidad" del sistema de la financiación autonómica, de manera que se fundamente en idénticas reglas y se vite la "proliferación de fondos de carácter especial". Además, insta a que se fijen "reglas" que contemplen de manera objetiva los cambios en la demanda de los servicios públicos.
Del mismo modo, afirma que se debe garantizar la "financiación completa" de las competencias autonómicas en políticas activas de empleo y seguridad laboral, educación, infraestructuras o apoyo a las corporaciones locales, para impedir que se produzcan "privilegios" derivados de las diferencias estatutarias entre comunidades.
