La cadena afirma que el sobrecoste es tan elevado que el proyecto resulta "deficitario"
PALMA DE MALLORCA, 28 (EUROPA PRESS)
El Grupo Barceló está abierto a negociar con la administración la explotación del Palacio de Congresos y del hotel anexo, establecida en cuarenta años, puesto que la desvinculación con el desarrollo y ejecución del proyecto que reclama la cadena hotelera "no impide" que lidere su explotación una vez finalizada su construcción, según señalaron fuentes de la cadena.
Barceló confirmó hoy que el pasado día 6 de abril instó al órgano de contratación -integrado por el Govern y el Ayuntamiento de Palma- la nulidad del contrato de concesión administrativa, al entender que el proyecto que la Sociedad concesionaria (Grupo Barceló) está desarrollando en estos momentos dista sobremanera del proyecto inicial, además del sobrecoste a consecuencia de las modificaciones introducidas.
En un comunicado, el grupo hotelero puso de manifiesto hoy su "firme voluntad" de alcanzar una fórmula de mutuo acuerdo que permita continuar la ejecución de las obras mediante el rescate de la concesión por parte de la Administración. Ello piodría comportar que la administración asuma el proyecto y convoque un nuevo concurso para que otra empresa asuma su construcción.
En este sentido, el Grupo Barceló advierte que si la administración decide llevar a la cadena a los tribunales el proyecto podría paralizarse varios años, por lo que expresa su voluntad de llegar a un acuerdo, para el cual "existen fórmulas jurídicas perfectamente aplicables en este caso, que únicamente requieren la voluntad de ponerlas en práctica", reza el comunicado.
La cadena justifica su decisión de desvincularse y abandonar el proyecto por la inseguridad jurídica y el fuerte incremento del coste de las obras, un diferencial que la administración imputa a Barceló, y a lo que la cadena se opone frontalmente, al entender que no es responsabilidad de la sociedad concesionaria la desviación del presupuesto inicial. Desde la cadena hotelera estiman que esta desviación total al término del proyecto rondaría los 30 millones de euros.
La cadena envió ayer un escrito a la constructora Acciona (que posee el 5% de las acciones) un escrito comunicándole la decisión de suspender provisionalmente las obras a partir del próximo día 5 de junio y por un periodo de dos meses, al no haber tenido respuesta por parte de la administración de la solicitud de nulidad del contrato para la construcción y explotación del Palacio de Congresos, entre la sociedad concesionaria (Centre de Congressos Internacional de Palma S.A.) y el órgano de contratación.
Así las cosas, Barceló confía en la confianza de que durante ese período de tiempo se puedan acordar con la administración los términos de una eventual rescisión del actual contrato de concesión basada en un mutuo acuerdo y que permita la continuidad de los trabajos de construcción a la mayor brevedad posible. De lo contrario, advierte, si la administración decide llevar el caso a los tribunales, la paralización de las obras se demorará años.
La cadena también pone de manifiesto su malestar por el retraso en el cobro de la subvención y detalla que, según los pliegos del concurso, debería haber percibido en mayo de 2008 el primer plazo de la subvención establecida en dichos pliegos, que ascendía a 21 millones de euros, de los que hasta la fecha ha percibido 20 millones, de forma aplazada -en dos pagos y con una demora de más de siete meses-, quedando aún pendiente un millón.
Además, prosigue, la administración adeuda también el segundo el pago de seis millones de euros del segundo plazo, que debería haber recibido dentro de este mes de mayo. Al respecto, Barceló critica que mientras el órgano de contratación (Govern y Ayuntamiento) no ha cumplido en plazo su obligación de abono de los importes establecidos de subvención, el grupo hotelero ha cumplido fielmente todas sus obligaciones derivadas del contrato de concesión administrativa.
SITUACIÓN DE IRREGULARIDAD
Asimismo, la cadena justifica también su decisión recordando que este incumplimiento de los pagos por parte de la administración se suman a la situación de "irregularidad urbanística" en la que se vio empujada a trabajar tras salir a la luz que uno de los tres solares en los que había que proyectar las obras no era de titularidad pública en el momento de la licitación del concurso. Ello provocó, denuncia la cadena, que el proyecto no se podía ejecutar tal y como estaba previsto, ni con la misma viabilidad económica.
Pese a ello, Barceló accedió a iniciar las obras una vez que el órgano de contratación resolviera el problema urbanístico existente y entregase los terrenos objeto de la concesión, tras la voluntad "expresa" de la administración de "resolver la irregularidad urbanística existente", y por el "interés público" de una infraestructura de tanta relevancia para Baleares.
Así, Barceló indica que las modificaciones surgidas en el proyecto han disparado los costes hasta un extremo que, remarca la cadena, "de haber sido cuantificados de esta manera en aquel momento habrían llevado a la sociedad concesionaria a no presentarse al mismo ya que resultaría deficitario", por lo que la cadena reconoce que la cadena ha dejado de estar interesada en el proyecto por el sobrecoste en el presupuesto. Fuentes de Barceló recordaron que la previsión de inversión en el proyecto rodaba los 140 millones de euros.
Además, una de las modificaciones prevé una reducción de las plazas de parking a menos de la mitad de las inicialmente previstas, con la consiguiente merma de los ingresos a obtener en la explotación del edificio por este concepto, reza en el comunicado.
