MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) reprochó hoy al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, la "discriminación" del sector alimentario en las políticas de su departamento, y como ejemplo citó su ausencia en la orden ministerial de apoyo a los sectores industriales de futuro.
Asimismo, la patronal acusó al Ministerio de paralizar "cualquier intento" de reforma de la Ley de Morosidad que permita obligar a la distribución a cumplir los plazos de pago a la industria, que actualmente superan en más de 30 días lo establecido en la normativa y que siguen ampliándose como consecuencia de la crisis financiera.
"Nos están secuestrando 8.000 millones de euros", advirtió hoy en rueda de prensa el secretario general de la FIAB, Jorge Jordana, para recalcar que el cumplimiento de la Ley mejoraría la liquidez de las pequeñas y medianas empresas del sector. Según recordó, la normativa establece un periodo 30 días para los productos perecederos y de 60 días para el resto, aunque actualmente se tarda más de 90 días.
Jordana criticó que la cadena está "desequilibrada" a favor del sector de la distribución y consideró que el departamento de Sebastián protege los intereses sectoriales del comercio, de manera que elude cualquier propuesta en relación con los plazos de pago que efectúa el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
'GUERRA DE PRECIOS'
Al ser preguntado por el impacto en la industria de la 'guerra de precios' en la distribución, Jordana consideró que "no es malo" que las empresas hagan lo posible por mantener su clientela, pero recalcó que el problema surge cuando, como apunta un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia del País Vasco, existen las condiciones para que se conforme un oligopolio en el mercado de tres cadenas (Carrefour, Mercadona y Eroski) y la posibilidad de mantener una posición de dependencia económica para parte de sus proveedores.
En este contexto, censuró que la retirada de productos de los lineales --una estrategia que comenzó a aplicar Mercadona a finales del pasado año-- se debe avisar a la industria con seis meses de antelación y "no parece que se haya avisado".
DENUNCIAR SERIA UN "SUICIDIO ECONOMICO"
Según explicó, la normativa contra la competencia desleal establece que esta situación sólo puede ser denunciada por los directamente afectados, pero, teniendo en cuenta que se habla de posición de dominio de tres empresas, "sería un suicidio económico".
"Ahí es donde se debería exigir que quienes tienen la obligación de compensar la cadena de valor para que haya cierto equilibrio de poder que lo hagan y lo harían si fuéramos visibles", lamentó el dirigente de la FIAB, quien afirmó que Sebastián no ha respondido a una solicitud de entrevista por parte de la patronal.
El presidente de la federación, Jesús Serafín Pérez, también puso de manifiesto la "invisibilidad" de la industria alimentaria para los poderes públicos, a pesar de haberse consolidado en 2008 como la primera industria manufacturera del país, con unas ventas de 83.204 millones de euros, un 1,4% más que el ejercicio anterior.
Jordana apuntó que si se tomara conciencia del potencial de la industria de alimentación y bebidas, este sector podría erigirse en "uno de los tractores de la economía en ese nuevo modelo alternativo al ladrillo" que se pretende implementar en el país.
