Vitoria, 21 may (EFE).- La incidencia de la huelga general convocada hoy por los sindicatos nacionalistas en el sector público se ha situado en torno al quince por ciento, según ha informado el Gobierno vasco.
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ha hecho público un comunicado en el que da a conocer que en la Administración autonómica ha secundado el paro casi el once por ciento de los trabajadores, en Sanidad el seis y en Educación el 23% en el sector público y 17% en el privado.
Por territorios, la huelga ha tenido un seguimiento desigual, y la mayor incidencia se ha registrado en Guipúzcoa, donde ha habido un paro del cincuenta por ciento en el transporte.
En Vizcaya, la Diputación cifra el paro en un 15% en Bizkaibus y mientras que la huelga está siendo secundada por el catorce por ciento de los trabajadores del Metro de Bilbao, el servicio urbano de autobuses funciona con relativa normalidad.
En Álava es donde menos se está notando la convocatoria de la huelga. En el ayuntamiento de Vitoria, el seguimiento no ha llegado al 10% y en la flota de autobuses de la capital ronda el 12%.
Según datos de Eudel, las cifras de incidencia son muy dispares en los diferentes municipios de la Comunidad autónoma.
En 30 pueblos de más de 5.000 habitantes, los porcentajes de seguimiento de la huelga oscilan entre el cero y el 90%, y se ha constatado que en los municipios más pequeños el paro ha sido mayor.
En cuanto al sector privado en Guipúzcoa, el paro en la Industria se ha situado en torno al 30% y en la Construcción en torno al 35%.
En Álava, en la industria química ha parado un 4%, básicamente en la zona de Ayala y en Industria el 10%, mientras que la huelga en la Construcción no ha tenido especial relevancia.
Por último, en Vizcaya, el paro en la Industria ha rondado el 15%, con una baja incidencia en la Margen Izquierda. Empresas como La Naval, RENFE o la Acería Compacta han tenido un mínimo seguimiento, según el Gobierno Vasco.
Los servicios mínimos decretados por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales han funcionado con normalidad, por lo que se ha "garantizado el derecho que tienen los ciudadanos a ser atendidos en aquellos ámbitos que son esenciales, como la Sanidad, el Transporte o la Educación".
