Advierte de su elevado coste financiero aunque rebaje las cifras del paro
PARIS, 15 (EUROPA PRESS)
Los poderes públicos deberían redoblar esfuerzos para ayudar a las personas más vulnerables frente al aumento del paro y, para ello, habrá que evitar que la crisis refuerce la "cultura de la prestación por invalidez", que lleva a muchas personas con minusvalías o problemas de salud a la inactividad de por vida, según advierte la OCDE en un comunicado.
Este es el mensaje del Foro de alto nivel sobre la enfermedad, la invalidez y el trabajo, organizado por la OCDE y el Gobierno sueco en Estocolmo, que ha reunido a Ministros y secretarios de Estado de 15 países así como al comisario europeo de Empleo, Vladimir Spidla.
Las personas con minusvalías o problemas de salud figuran entre las categorías sociales más expuestas a la crisis del empleo porque tienen de por sí más dificultades para encontrar trabajo y, por lo tanto, mayor riesgo de vivir en la pobreza.
En 2007, año más reciente del que se tienen datos, en la zona OCDE había 30,2 millones de personas percibiendo una pensión de invalidez, frente a 27,9 millones que cobraban una prestación por desempleo, es decir una diferencia de 2,3 millones.
Los ministros que han participado en el Foro han advertido de que no se deben repetir los errores del pasado, cuando en anteriores recesiones los trabajadores de mayor edad que perdían su trabajo eran orientados hacia los regímenes de invalidez antes que al paro, lo que rebajaba las cifras de desempleados pero suponía un elevado coste para las finanzas públicas.
"Aunque una medida de este tipo parece inocua a corto plazo, ahora sabemos que la mayoría de las personas que perciben una pensión de invalidez durante más de un año, no se reincorporan jamás al mercado laboral", señala John Martin, responsable de la dirección de empleo, trabajo y asuntos sociales de la OCDE.
MEJORAR LAS TASAS DE ACTIVIDAD.
A su juicio, es "crucial" que los poderes públicos ajusten las medidas de protección social a corto plazo, adoptadas para hacer frente a la crisis, "en función de objetivos a largo plazo de seguridad económica y mejora de las tasas de actividad".
Así, plantea incentivos financieros más eficaces para ayudar a los beneficiarios de las prestaciones de invalided y enfermedad para poder lograr tres objetivos.
En primer lugar, mantener el vínculo entre las personas con capacidad reducida y el mercado laboral, en segundo lugar, incitar a los empresarios a evitar la salida de este tipo de trabajadores y, en tercer término, animar a los trabajadores a conservar su empleo o reincorporarse al mercado laboral.
La OCDE pone, entre otros, el ejemplo de Países Bajos, donde los empresarios han creado una red para facilitar la reubicación de trabajadores que no pueden seguir realizando sus actuales funciones debido a una enfermedad o un accidente.