El representante de la Comunidad Valenciana opinó que la reunión ha sido "una pérdida de tiempo"
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Gobierno y las comunidades autónomas coincidieron hoy en la necesidad de modificar el actual marco legal sobre bienes tangibles de forma que haya más "transparencia" y mayores "garantías" para los ciudadanos que inviertan en estos productos, según explicó hoy el subsecretario de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, al término de la reunión mantenida con los responsables de Consumo de las comunidades en relación con la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa.
En concreto, tras la reunión, que se prolongó por espacio de unas cinco horas, Puig de la Bellacasa destacó que se va a estudiar una reforma normativa "para que haya más transparencia, información y garantías" para los ciudadanos en relación a los bienes tangibles, si bien advirtió que el nuevo marco legal no solucionará la situación de los afectados por el citado caso porque no tiene carácter retroactivo. "El problema de hoy no lo resuelve un cambio normativo, pero éste se tendrá que hacer ", afirmó.
La regulación legal está incorporada en una disposición adicional en la Ley de entidades de inversión colectiva desde finales de 2003. "Da la impresión de que hay elementos de esa regulación que no parece la adecuada para este tipo de sociedades", por lo que el Gobierno "estudiará elementos que den mayor seguridad, transpariencia y más información a las personas que quieran participar en bienes tangibles", anunció Puig de la Bellacasa. Según la norma actual, hasta junio de este año las empresas no tenían obligación de presentar auditorías en las comunidades autónomas.
Así, en relación con la presunta estafa de Afinsa y Fórum Filatélico, el responsable del Ministerio de Sanidad y Consumo señaló que las administraciones central y autonómica han acordado "mayoritariamente" que las asociaciones de consumidores se pongan a disposición de los afectados para "impulsar la defensa letrada" de aquellos que lo requieran. De esta forma, Puig de la Bellacasa indicó que a través de las asociaciones de consumidores se ayudará, asesorará, informará y dará asistencia jurídica y letrada a los que lo necesiten.
En cuanto a la recuperación del dinero invertido, Puig de la Bellacasa comentó que "no es el momento de decir si se va a poder recuperar el dinero o no". "Nos gustaría decir que se va a poder recuperar el dinero, pero estamos en una fase de intervención judicial, todavía el juzgado no ha analizado cuáles son los bienes a disposición de esas dos empresas, y hay que tener paciencia y prudencia".
Asimismo, han pedido a los ciudadanos "tranquilidad y confianza en las instituciones, en el Poder Judicial y en la Fiscalía Anticorrupción" y han anunciado que mañana se emitirá un anuncio en los medios de comunicación dando a conocer los teléfonos y direcciones web de las asociaciones de consumidores para facilitar que los afectados se informen.
Así, para que los ciudadanos conozcan los contacto de estas asociaciones se difundirán mañana anuncios con sus teléfonos. "Las asociaciones de consumidores están a su disposición (de los afectados) y van a estar a su disposición a lo largo de todo este proceso para ayudarles, informarles y darles asistencia letrada gratuita", indicó Puig de la Bellacasa.
CONFIANZA EN LA JUSTICIA
El subsecretario de Sanidad y Consumo considera que es preciso "depositar la confianza en la intervención de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, ya que esa intervención es la garantía máxima para el justo derecho de los ahorradores en estas dos sociedades". Puig de la Bellacasa calificó los presuntos delitos de "muy graves" y apuntó que "es el Poder Judicial el que tiene en estos momentos que decidir cuál va a ser la decisión más adecuada para proteger los intereses colectivos de los ciudadanos".
Para el Ministerio de Sanidad y Consumo la intervención de ambas sociedades "garantiza que los derechos (de los afectados) puedan ser defendidos convenientemente, ya que antes de la intervención se estaba frente ante supuestas actividades delictivas, y desde la intervención judicial esas supuestas actividades delictivas se han parado, con lo cual los Poderes Públicos han intervenido en defensa de sus derechos".
Puig de la Bellacasa indicó que "la imagen del Gobierno con las comunidades autónomas es la imagen que tienen que ver los ciudadanos como la imagen de cooperación institucional para hacer lo imposible para que los intereses de los perjudicados sean los menos posibles a lo largo de esta intervención judicial".
Por otra parte, el Instituto Nacional de Consumo mantendrá "un contacto permanente" con las Consejerías de Consumo de las Comunidades Autónomas y las asociaciones de consumidores "para que cualquier novedad de los próximos días o semanas se puede informar de forma homogénea y coordinada en todo el Estado español".
MAZÓN: "UNA PÉRDIDA DE TIEMPO"
Por su parte, el director general de Consumo de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se mostró bastante indignado a su salida de la reunión porque se vuelve "con menos información", y "sin saber por qué se ha acusado a las comunidades autónomas de tener la responsabilidad en este asunto generado alarma social". El documento adoptado en la reunión es, a juicio de Mazón, "redundante y sin ninguna iniciativa novedosa" y la reunión ha sido "una pérdida de tiempo".
"Cuando pedimos información se nos dice que no se tiene ninguna; cuando pedimos qué iniciativas se van a poner en marcha, lo único que nos dicen es que se piensa consignar 300.000 euros para hacer inserciones publicitarias para recodar cuáles son los datos de las asociaciones de consumidores", indicó Mazón.
El director valenciano preguntó cuál es la razón de que la orden ministerial sobre traspaso de competencias no se ha realizado; y por qué es posible que no se atienda a un sistema de información unitario como correo electrónico o teléfono.
Por su parte, la Dirección General de Consumo de la Junta de Castilla-La Mancha suscribirá un convenio con las asociaciones de consumidores para que sea la voz de todos los afectados en esta comunidad, según anunció su director, Jesús Montalvo, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión. En esta caso concreto, Montalvo indicó que al ser una investigación de Economía "no son competentes ninguna autoridad de Consumo", y aseguró que si es necesario poner dinero para defender los intereses de los afectados, "Castilla-La Mancha lo hará".
