
El 9 de mayo de 2006 una multitud de policías coordinados por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción tomaron las oficinas de Fórum y Afinsa, lo que supuso la desaparición de sus inversiones y un auténtico peregrinaje por dependencias judiciales y administrativas para cerca de 470.000 personas, que tres años después está aún lejos de acabar.
Varias asociaciones de afectados por la presunta estafa han acordado impulsar una manifestación en Madrid a donde se ha desplazado una nutrida representación de afectados de toda España. En la anterior manifestación, celebrada el 16 de febrero del año pasado, participaron un total de 120.000 afectados, según las asociaciones, y 75.000, de acuerdo con las estimaciones de la policía municipal.
El objetivo, aparte de querer mantener viva la imagen de los afectados, es lograr que, más allá de que se juzgue a los responsables, se reconozca la responsabilidad subsidiaria del Estado, que, según las asociaciones, no cumplió con sus funciones de control e, incluso, pudo haber funcionarios públicos que cooperaron en la presunta estafa.
Así, los representantes legales de un amplio grupo de afectados por Fórum Filatélico han solicitado al juez Baltasar Garzón que impute a los siete miembros del consejo de administración de la CNMV que aprobaron la Memoria Anual de 1999, donde aparecían las filatélicas como "entidades financieras no registradas", tras tramitar una reclamación favorable al denunciante.
Conducta omisiva
Basan su petición en que ha facilitado o permitido con su conducta omisiva la continuidad en la actuación al margen de la legalidad de Fórum Filatélico, según los escritos de los abogados defensores al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Además, un grupo de afectados ha presentado un escrito ante el juez Baltasar Garzón para que investigue dos certificados que reconocían la máxima solvencia de Fórum Filatélico y que fueron utilizados por los comerciales de la filatélica para captar clientes. Ambos certificados fueron emitidos por la empresa Informa D&B, participada en un 99% por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), lo que ha dado pie a las defensas para abrir la vía de la denuncia contra el Estado, "quien estaba avalando la solvencia de Fórum". Dichos conflictos podrían ser constitutivos de un delito de colaboración necesaria en la estafa filatélica, según consta en las denuncias.
Los responsables de las asociaciones de afectados reclaman la creación de un Fondo de Compensación de Pérdidas como compensación por la actuación de la Administración en las empresas, sin que se adoptasen medidas tendentes a ofrecer soluciones menos lesivas, tal y como en su momento ocurrió con Banesto.
En el caso de Fórum Filatélico, la administración concursal se encuentra en proceso del primer pago del 10 por ciento de la inversión de cada uno de los afectados, aprobado en el Plan de Liquidación de 15 de enero de 2009, aunque la mayor parte de ellos han tenido que destinar este dinero a devolver lo concedido por el ICO. El total de este primer pago asciende a 328,74 millones de euros. Dada la dimensión del intercambio de documentos e información el procedimiento se está alargando por que más de 1.500 afectados han fallecido, en torno a 400 matrimonios se han divorciado y miles de ellos han cambiado de domicilio en estos tres años. La administración concursal va a proceder al pago del 100 por ciento de la deuda calificada como Privilegio General, que asciende a 4,1 millones de dólares.
En el caso de Afinsa, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha dado a los clientes y acreedores de plazo hasta el 28 de agosto para que se sumen a la propuesta de viabilidad y el plan de pagos que presentó la empresa, que plantea convertirles en accionistas para devolverles sus inversiones. En la fase de convenio, los acreedores podrán votar únicamente la propuesta de viabilidad y de pagos que presentaron los antiguos gestores de Afinsa en noviembre de 2006.
Los administradores concursales han rechazado el precio de los sellos que daban los antiguos gestores y lo han establecido en 249 millones, de forma que valoran los activos en 812 millones a precio de liquidación, frente a unas deudas de 2.443 millones. Esto significa que sólo recuperarán como máximo el 33 por ciento de la inversión al existir un agujero patrimonial de 1.631 millones.
Compradores de activos
El pasado 15 de abril, el juez decidió no admitir la propuesta de America Energy & Mining para pagar en cinco años el 50 por ciento de los 2.430 millones de euros que la empresa debe a sus clientes, vendiendo algunos de los activos existentes y tratando de hacer viable la empresa de nuevo.
El juez mercantil Francisco Javier Vaquer rechazó esta propuesta, apoyada por un grupo de clientes, por carecer a su juicio de verosimilitud y resultar "objetivamente de muy difícil cumplimiento", además de tener importantes fallos técnicos. Para el juez, la empresa no tenía ni una "mínima solvencia patrimonial" para garantizar el pago de 1.200 millones de euros. A pesar de ello, en una reciente entrevista, el ex presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas defendía que la compañía es viable y que, si se aprueba el plan presentado por Afinsa en enero de 2007, "irá de la mano en un futuro con America Energy & Mining".
Con respecto a Fórum, también ha aparecido una empresa que se propone hacer negocio comprando sus activos. Se trata de la sociedad canadiense AAA Atlas que, a través de su representante español Lucentum Europa, ha presentado una oferta para comprar Fórum Filatélico por entre 900 y 1.000 millones de euros, según reveló el ex presidente de la compañía Francisco Briones.
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