El Consejo de Ministros aprobó la adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia para su remisión a Bruselas. Esto supone una nueva solicitud por parte de España de la financiación extraordinaria que la UE aprobó en 2020 para hacer frente al impacto económico de la pandemia. Aquella medida, bajo el nombre de Next Gen EU, era una masiva reacción de soporte fiscal a la economía con un doble objetivo: en el corto plazo, sostener la economía ante un shock prácticamente sin precedentes por la caída de PIB generada y; en el largo plazo, financiar el aumento del crecimiento potencial de la economía así como facilitar la transición ecológica y digital.
El apoyo fiscal se ligaba además a una serie de inversiones y reformas de modo que se alinea el desembolso de fondos con los objetivos perseguidos. En términos generales, supone una clara oportunidad histórica de inversión.
En el caso español, en un primer momento se solicitaron cerca de 70.000 millones de euros (en forma de trasferencias) y ahora la petición es de en torno a 94.300 millones adicionales (de los que 84.000 son en forma de préstamo). La adenda supone nuevas áreas de inversión, refuerzo de las existentes y nuevos compromisos de medidas, inversiones y reformas. En todo caso, en este artículo me centro en las implicaciones de que la nueva financiación sea, mayoritariamente, en forma de préstamo a España.
La primera implicación es que, obviamente, esta nueva remesa de fondos europeos supondrá un aumento del endeudamiento público. Hasta ahora la financiación recibida por España era sin obligación de reembolso y, por tanto, no suponía ninguna carga financiera para el estado español. Con un matiz. Para financiar este macro-programa europeo, Europa ha recurrido, en una decisión histórica a la fórmula de endeudamiento europeo -en una primera incursión en una tema considerado tabú hasta hace muy poco.
La nueva remesa de fondos aumentará el endeudamiento publico
Por lo tanto, una fracción del endeudamiento europeo -incluso siendo a fondo perdido- sí corresponde a España. La diferencia es que la cuota de deuda se reparte entre los estados miembros por tamaño del PIB mientras que la cuota de beneficio se reparte por impacto económico del Covid.
En España, como es bien sabido, el nivel de deuda/PIB ha aumentado en los últimos años hasta llegar al 113% a finales de 2022. De hecho, el Gobierno optó por no solicitar de inicio la financiación en préstamos entre otras razones porque las condiciones de mercado permitían una financiación más barata. Sin embargo, tras las subidas de tipos del último año y medio, esta opción resulta financieramente más atractiva. En este sentido, se espera que los préstamos a España tengan un plazo de 30 años con 10 de carencia y un coste favorable.
En segundo lugar, cabe abordar el debate de si estamos ante sustitución de financiación (cambiando las emisiones directas por la financiación europea, más barata) o si es un aumento neto de endeudamiento. Que estemos ante un caso u otro depende de que lo financiado estuviera ya en previsión o no. En el caso de que sean proyectos adicionales (y lo normal en estos programas es la petición de "adicionalidad") entonces estaremos ante deuda "adicional" a la ya prevista. Por ello, es esencial la adecuada selección de proyectos hacia los que canalizar los fondos puesto que el aumento de productividad asociada a esos proyectos debe ser significativo como para compensar el coste del endeudamiento.
Tercero, y derivado de lo anterior, se refuerza la importancia del consenso acerca del uso y diseño y ejecución del Plan de Recuperación y su adenda -en línea con los propios requerimientos europeos, también con las Comunidades Autónomas que son un actor ejecutor relevante. Una oportunidad de este tamaño, proyección temporal e importancia estructural aconseja un amplio consenso social en torno a sus distintos elementos y la correcta definición de criterios de elegibilidad.
Cuarto. ¿Son los canales usados hasta ahora los más adecuados dado la distinta naturaleza para España? En este caso es fundamental garantizar la recuperación de los fondos (para que la devolución a Europa no implique déficit) y por tanto se hace esencial el análisis de riesgos. Para esto hay instituciones con experiencia en canalización de fondos reembolsables, tanto en forma de préstamo, capital o instrumentos híbridos.
Esto implica análisis de solvencia y de modelos de negocio para lo cual la especialización puede ser diferencial. Hay numerosas instituciones públicas con experiencia en este ámbito (de hecho, se prevé rol para el ICO en más de 32.000 millones y el Banco Europeo de Inversiones en 20.000 millones). Asimismo, en el ámbito privado la banca puede jugar un rol, aportando también especialización en el análisis de riesgo y su gran capilaridad territorial y empresarial.
Por último, desde el punto de vista de política fiscal, el plan de recuperación es una buena oportunidad para combinar el impulso fiscal que supone con la contención del déficit necesaria para dar coherencia a la política monetaria y a la política tributaria. También desde esta perspectiva el Plan y su adenda constituyen una gran oportunidad de consolidación minimizando su tradicional impacto contractivo en el corto plazo.
