El 58% de los europeos cree que los Gobiernos no podrán pagar en las próximas décadas las pensiones y la asistencia sanitaria de las personas de edad más avanzada. Y el 66% apoya la idea de que los Gobiernos faciliten que las personas mayores sigan trabajando más allá de la edad normal de jubilación si así lo desean.
Estos datos se desprenden de una encuesta publicada este martes por la Comisión Europea, que este miércoles celebra el primer Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional.
El Ejecutivo comunitario también prevé presentar este miércoles un informe sobre el impacto del envejecimiento de la población en la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones y de sanidad. Es decir, lo que ocurrirá en la UE entre ahora y el año 2060, teniendo en cuenta que cada vez quedarán menos europeos en edad activa para contribuir a financiar estos servicios públicos.
Según el borrador del informe que la semana pasada desveló elEconomista, Bruselas recomienda en este borrador reformas urgentes para consolidar la viabilidad futura de las finanzas públicas.
Francia
Como en otros países europeos, el sistema de pensiones francés reposa sobre tres pilares -pensión de base obligatoria, pensión complementaria obligatoria y ahorro voluntario- y está amenazado por un desequilibrio financiero de gran envergadura en el contexto de envejecimiento de la población. Si en 1975 cotizaban 3,14 activos por cada jubilado, en 2006 sólo se contaban ya 1,51, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE).
Francia dedica más de un 13% de su PIB al gasto en pensiones y el déficit de la Seguridad Social relacionado con la vejez ascendió el año pasado a 5.700 millones de euros. Desde los años 90, los sucesivos Gobiernos han emprendido reformas para preservar el sistema, que está gestionado por los agentes sociales y por las Administraciones de la Seguridad Social.
En 2001 se constituyó un Fondo de Reserva para las Pensiones, con el objetivo de equilibrar las cuentas en el futuro. En 2020 debería contar con una dotación de 152.400 millones de euros, aunque en 2007 contaba apenas con 33.400 millones.
El primer ministro, François Fillon, impulsó en 2003, como ministro de Trabajo, una de las reformas más importantes, que consistió en la alineación del régimen de pensiones de los funcionarios con el de los trabajadores del sector privado y en el aumento progresivo del periodo de cotización hasta 42 anualidades para todos. En 2007 se lanzó la reforma de los denominados "regímenes especiales", más ventajosos, de los que se beneficiaban los trabajadores de distintas empresas públicas, así como algunas profesiones particulares.
La amenaza de un creciente desequilibrio persiste. Los sindicatos defienden un aumento de las cotizaciones, pero Francia es ya uno de los países con mayor presión fiscal. Sí tiene margen de maniobra, en cambio, respecto a la prolongación de la vida activa, pues la tasa de empleo de los mayores de 55 años es una de las más bajas de los países desarrollados (38%). El Ejecutivo ha anunciado ya que no aumentará la edad legal de jubilación (60 años) antes de las elecciones presidenciales de 2012, aunque sí ha diseñado un plan para fomentar el empleo de los "seniors". Sin embargo, con la crisis económica y el aumento del paro, algunas de las medidas han quedado paralizadas.
Reino Unido
El sistema de pensiones británicos está en revisión. Durante la pasada legislatura, los informes encargados fueron claros: 12 millones de trabajadores no están ahorrando lo suficiente antes de la jubilación, a lo que se suma la baja natalidad y mortalidad. De seguir así harían falta 85.000 millones más en el sistema combinado privado y público.
Si atendemos al informe Turner, el peligro será patente entre 2010 y 2020. La redacción corrió por parte una comisión presidida por Adair Turner, el actual jefe de la Autoridad de Servicios Financieros, y apuntaba que la solución podría pasar por retrasar la jubilación de los 65 a los 70 años. No se llegó a tanto ni tan rápido y finalmente mantendrá hasta el 2020 los 75 años e irá incrementándose hasta llegar a los 68 en 2050. Aun así, cada año hay unos 25.000 británicos que son forzados a ser jubilados. Respecto a la evolución del gasto por el envejecimiento de la población, Bruselas sitúa al Reino Unido entre el 4 y el 7% del PIB, en el entorno de la media europea.
La pensión media de un británico es de 314 libras, pero el Reino Unido es líder en planes de pensiones privados, sobretodo porque son incentivados por las propias empresas. La proporción de PIB que supone este plan de ahorro es de un 74% de la riqueza del país, esto es tres veces la media europea y, atención, hasta diez veces más que lo que supone en España. El Reino Unido además proporciona 250 libras (268 euros) de ayuda invernal para la tarifa energética a aquellos jubilados por encima de los 70 años, una cantidad que sube hasta las 400 libras (428 euros) si la edad supera los 80.
Tras varios años de protestas, los jubilados que residen fuera del país consiguieron que el Gobierno les incluyera en la medida, tras las continuas protestas de los pensionistas afectados por el cambio del euro y la libra.
Alemania
El futuro del sistema de pensiones en Alemania es tema de recurrente debate desde hace ya muchos años. El progresivo envejecimiento de la población como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y de la baja natalidad -la tasa se sitúa desde hace tres décadas en 1,3 hijos por mujer- hace que cada vez sea más costoso mantener el denominado "Pacto intergeneracional".
Sólo un dato: se calcula que en el año 2050 la población alemana se habrá reducido en casi 8 millones de personas respecto a los 82 millones actuales. Una reducción que afectará especialmente a las franjas de población más jóvenes, precisamente las que en teoría deberían contribuir a sostener el sistema. No es casualidad, pues, que el Gobierno alemán decidiera acometer esta misma legislatura una impopular reforma para garantizar el futuro de las pensiones. Ni más ni menos que retrasar la edad de jubilación a los 67 años, desde los 65 actuales.
A partir del año 2012, quien quiera retirarse con el cien por cien de su pensión deberá haber cumplido 65 años y un mes. Es decir, la medida afectará ya a los nacidos en 1947. A partir de ahí, y año a año, se irá aumentando la edad de jubilación. Serán, pues, los nacidos en 1964, los primeros que deberán trabajar hasta los 67 años. Una prórroga que, según el ejecutivo germano, garantiza el futuro del sistema.
La cuestión es: ¿hasta cuándo? Según los responsables del Bundesbank o del prestigioso instituto Ifo de Munich, no más allá de 2030. Es por ello que defienden retrasar más aún el retiro. En concreto, hasta los 68 años y medio, con el objetivo de salvaguardar las jubilaciones hasta el año 2050. En un año electoral como en el que nos encontramos, sin embargo, ningún partido político parece estar por la labor de impulsar medidas tan impopulares.
Italia
Cinco reformas en diecisiete años. La seguridad social italiana ha sido interesada por varias revisiones desde 1992, cuando, bajo una situación dramática para las cuentas públicas, se pasó de un sistema de pensiones retributivo a uno contributivo. Las reformas más recientes se remontan a 2004 y a 2007. La primera, decidida por el entonces Gobierno de Silvio Berlusconi, proponía subir la edad de la pensión a partir del 1 de enero de 2008. Una medida, denominada por su rapidez "escalón", que no preveía periodos de transición.
La reforma de 2004 fue modificada por la sucesiva intervención del Gobierno de Romano Prodi, de centro-izquierda, que introdujo una serie de pasos intermedios en la subida de la edad hasta llegar a un sistema de cuotas, hoy en vigencia. La cuota se calcula sumando la edad a los años de cotización a la seguridad social: se empieza en 2009 con una edad mínima de 59 años (y una cuota de 95) y se llega al 2013, cuando la cuota será de 97, con una edad mínima de 61 años.
Sin embargo, la política italiana sigue hablando de reformar el sistema de pensiones y en las últimas semanas también la patronal ha pedido que se suba la edad de la jubilación para financiar planes que relancen la economía. Pero hasta ahora el Gobierno transalpino ha mantenido una línea prudente: la uútima propuesta del Ejecutivo, alzar a 65 años la edad para las mujeres del sector público (medida impuesta por las directivas europeas), fue acogida por muchas polémicas y duras reacciones de los sindicatos. El Gobierno ha decidido entonces retirar la propuesta para buscar una solución en los próximos meses. Como ha declarado el Ministro de Trabajo Maurizio Sacconi: " No creo che sea este el momento más adecuado para hacer reformas estructurales".
