Salvatierra de los Barros
El alcalde de Salvatierra de los Barros, Francisco José Saavedra, ha destacado que el Ayuntamiento actuará con argumentos técnicos y legales para parar el proyecto de instalación de una planta de tratamiento de residuos ya conocida como macrovertedero "con alegaciones sustentadas".
El proyecto de la instalación de una planta de tratamiento de residuos, promovido por la empresa 3RS TGestión MA Extremadura, saltó a la luz pública durante estos días tras la publicación en el DOE el anuncio de la Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad por el que se somete a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto de gestión medioambiental.
La planta gestionaría la gestión de 68.501 toneladas al año de residuos peligrosos y 221.195 de residuos no peligrosos, implantando además un vertedero con 45 celdas de vertido, que comprenden 21 fases en la explotación de la instalación, y su vida útil será de unos 45 años, que es cuando termina la última fase de los vasos de vertido y se habrán sellado las celdas proyectadas.
Una vez conocido el proyecto la opinión pública se ha puesto en contra creando varias plataformas sociales bajo el lema "No al vertedero de Salvatierra", organizando manifestaciones y protestas contra lo que han llamado un "macrovertedero".
El alcalde, Francisco José Saavedra, ha mostrado su posición "al lado de los vecinos", y por ello han contratado a un gabinete técnico y jurídico para conseguir que "este proyecto no salga adelante".
"El ayuntamiento está al lado de los vecinos lucharemos sin ambages ninguno para que este proyecto no salga adelante, todos unidos, los que están en la plaza y los que estamos aquí en contra de este proyecto", destacó.
Ha reconocido que no están siendo días fáciles, desde el Equipo de Gobierno se ha trabajado para conseguir "lo mejor para Salvatierra" y siempre actuando "de buena fe", insistiendo en que tanto el Ayuntamiento como los vecinos que han vendido los terrenos lo único que conocían era que iba a instalarse una planta de tratamiento de residuos y reciclaje, nunca un vertedero con almacenamiento de residuos peligrosos, un hecho por el que muchos vecinos están pensando en rescindir los contratos de venta.
Versión de la Empresa
Según ha afirmado la empresa, este centro de tratamiento de residuos sólo tratará residuos de la región en su mayor parte y de zonas limítrofes, y se convertirá en un ejemplo de economía verde y circular. Del total de residuos tratados, un 18% se transformará en humus con destino a la agricultura, un 10% en combustible con destino a la industria cementera, y un 5% en otros materiales reciclados como papel o aluminio.
Concretamente, se van a reciclar materiales como papel, cartón, hierro, aluminio plásticos y maderas. El papel, cartón, plásticos y madera de pequeño tamaño que no se pueden reciclar se triturará para hacer combustible CSR (Combustible Sólido Recuperado). Este combustible es el que se emplea en todas las cementeras de Europa. Además, esta infraestructura creará alrededor de 60 puestos de trabajo tanto directos como indirectos, por lo que supondrá un positivo impacto económico sobre la población activa de la localidad.
La planta prevé un tratamiento del 20% de residuos calificados como peligrosos, este tipo de residuos son: troceados de vehículos; trapos, guantes, ropa y filtros de talleres; residuos de limpieza de superficies metálicas; cenizas y filtros de humos de calderas; ladrillos y revestimientos de hornos; hormigón, ladrillos, tejas o residuos de depuración de agua potable o industrial.
Desde este proyecto se pondrá en marcha un Centro de Educación y Concienciación en materia de medioambiente y economía circular, y un laboratorio de innovación tecnológica en materia de reciclaje y valorización de residuos.
Junta de Extremadura
La Junta de Extremadura ha mostrado "máximo respeto" por las diferentes opiniones que puedan formularse a favor o en contra de la instalación de un macrovertedero en Salvatierra de los Barros (Badajoz), aunque recuerda que una vez registrado el proyecto la Administración pública está obligada a someterlo a los procedimientos administrativos pertinentes para "garantizar la seguridad jurídica".
Así, como "cualquier empresa" que quiera instalarse en la comunidad, el proyecto "tiene pasar un procedimiento administrativo de todo tipo", de tal modo que en la actualidad está sometido el expediente a información pública durante 30 días, para que los interesados puedan conocerlo y/o presentar alegaciones al mismo, según ha explicado el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González.
"Ese proyecto, como cualquier otro proyecto en Extremadura, en España y en cualquier estado de derecho, en este momento está sometido a información pública, a que otros organismos y administraciones puedan presentar alegaciones", ha espetado, al tiempo que ha añadido que "todo el mundo que quiera presentar alegaciones o conocer el proyecto ahora mismo por transparencia está abierto el plazo", y "cualquier administración tiene que dar seguridad jurídica".
En este sentido, a preguntas de los medios este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta, González ha argumentado que si bien a una persona le puede gustar o no un proyecto, las administraciones públicas "tienen que velar por la seguridad jurídica", sin poder oponerse ni mostrarse a favor del mismo hasta que el procedimiento administrativo que se tiene que seguir determine un resultado final.