MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES) --integrada por Carrefour Express, Dia, Supercor, Eroski, Lidl y Sabeco-- señaló hoy que la eliminación de la definición de 'gran superficie' en la reforma de la Ley de Comercio Minorista "hace perder seguridad jurídica" a las empresas de distribución.
Entre las modificaciones más relevantes que recoge el anteproyecto de Ley de Ordenación del Comercio (ICOMERC.MC)Minorista presentado por el Ministerio de Industria en el Consejo de Ministros, figura la supresión de la definición de gran establecimiento comercial y la eliminación de la obligatoriedad de licencia comercial.
En declaraciones a Europa Press, el director general de ACES, Aurelio del Pino, explicó que la legislación vigente define gran establecimiento como aquel con una superficie superior a los 2.500 metros cuadrados, y las comunidades autónomas están obligadas a establecer una licencia para estos centros, aunque también tienen libertad para someter a licencia aquellos por debajo de ese umbral.
De hecho, en algunas regiones se requiere licencia para dimensiones "muy inferiores" a los 2.500 metros, según afirmó Del Pino, quien explicó que si se mantuviera ese límite el sector tendría un "umbral de seguridad jurídica", dado que un centro inferior a 2.500 metros "difícilmente" genera problemas de carácter urbanístico o ambiental, criterios que permite la directiva de servicios para limitar el establecimiento.
Por este motivo, Del Pino pidió al Gobierno que aproveche el proceso de reforma de esta normativa para establecer un "marco jurídico estatal que permita que en todas las comunidades autónomas se transponga la directiva" con una "armonización" en el ámbito nacional. "Hace falta aprovechar todos los resortes para hacer un texto lo más armonizado posible", recalcó.
El director general de ACES, que señaló que algunas normas autonómicas recogen valoraciones económicas que "no responden a la realidad que está demandando el mercado", mostró su preocupación de que el texto no consiga eliminar de la normativa los criterios de carácter económico en la concesión de licencias.
