SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)
El presidente de Carrefour España, Rafael Arias-Salgado, mostró hoy su deseo de que la Directiva de Servicios suponga el fin de las actuales normas "restrictivas" de las comunidades autónomas al tener que adaptar su legislación a esta normativa comunitaria, que "no permite restricciones a la instalación de superficies comerciales por motivos económicos, sino sólo basándose en criterios urbanísticos y medioambientales".
En su conferencia en el Club Cámara 500 en Sevilla, Arias-Salgado aclaró que en el caso de Andalucía el grupo francés nunca ha encontrado dificultades para abrir todos los centros que tiene.
Asimismo, recordó las competencias transferidas a las comunidades autónomas en materia de comercio, aunque precisó que todas las comunidades tienen legislaciones semejantes, por lo que no existen planteamientos ideológicos en las legislaciones sobre comercio, porque las leyes se parecen como gotas de agua, gobierne quien gobierne".
Precisó que esta normativa autonómica "limita la libertad del comercio y afecta al libre establecimiento comercial", de forma que la normativa "restrictiva" de las comunidades autónomas viene motivadas por causas de ordenación urbanística, medioambientales, evitar el daño al pequeño comercio urbano y defensa del equilibrio del equipamiento comercial.
En ese sentido, Arias-Salgado consideró que las comunidades autónomas afrontan un "reto" al adaptar sus normas a la directiva comunitaria de servicios supondrá la liberalización del sector comercial "e introducirá restricciones en función de criterios de ordenación urbanística y criterios medioambientales, que están plenamente justificadas y las comparto, pero no se podrá establecer limitaciones a las instalaciones de superficies comerciales por razones económicas".
Para Arias-Salgado "se abre la oportunidad de salir de la crisis económica, permitiendo la recuperación económica y la creación".
En ese sentido, recordó los efectos negativos para las superficies comerciales por la segunda licencia, de carácter autonómico, que se suman a la licencia municipal, y donde existe "un exceso de discrecionalidad a la hora de conceder esas licencias", por lo que demandó una serie de criterios "objetivos y medibles" para conceder esa segunda licencia.
"Lo ideal es que se sepa cuanto va a tarde en abrir un establecimiento y la absoluta discrecionalidad que existe actualmente", aseveró Arias-Salgado, quien recordó que esa licencia la deben autorizar los órganos donde se encuentran representados los órganos económicos y sociales "que suelen estar más a favor de la pervivencia del pequeño comercio que de la libre instalación de establecimientos".
FINANCIAR CONTRATACIONES PARA ABRIR LOS DOMINGOS
Agregó que a ello se suma el efecto "limitador" y "restrictivo" de la moratoria comercial o los planes territoriales de equiparación comercial donde se busca el equilibrio de la actividad comercial, cuando "ello no debería ser competencia de la administración pública, no debería ser misión de las administraciones".
También lamentó otras "restricciones" como el hecho de fijar una cuota máxima de instalación de las diferente operadoras comerciales, algo impugnado en algunas comunidades autónomas e impugnado ante el Tribunal Constitucional o el establecimiento de impuestos que gravan a las grandes superficies e hipermercados, también impugnado ante el TC.
Arias-Salgado también consideró otro "mecanismo de restricción" para el comercio las limitaciones horarias y los horarios de apertura, tras lo que abogó por la libertad de horarios, y apostó por medidas para permitir la apertura de los pequeños comercios, como el establecimiento de contratos 'ad hoc' para abrir en festivo en los pequeños comercios, cuya formación profesional para esos trabajadores sea financiado por las grandes superficies, o incluso el establecimiento de medidas fiscales. "La flexibilidad de horarios puede ser un factor creador de empleo en estos momentos de crisis", añadió.
Recordó los efectos "restrictivos" de la actual normativa, que supone "la distorsión del crecimiento de los distintos formatos, con mayor crecimiento de los supermercados frente a los hipermercados", los efectos en la economía productiva y recordó que la patronal de los grandes empresas de distribución, Anged, "tiene 2.000 millones de euros de inversión paralizados a la espera de tener las licencias en las distintas comunidades autónomas".
Asimismo apuntó la "baja productividad en España del comercio minoritario en relación con el comercio mayorista", tras lo que aseguró que la legislación actual "no produce el efecto deseado de proteger al pequeño comercio, que está cerrando sus puertas por miles y está desapareciendo en todos los cascos urbanos". "Se debería arbitrar una normativa que evite esos cascos urbanos desertizados y fríos", aseveró.
Preguntado por la existencia de marcas blancas y los problemas de los bajos precios, el máximo representante de CARREFOUR (CA.PA)aseguró que "no sólo es un problema de distribuidores sino de los propios proveedores que imponen precios mínimos", tras lo que se pronunció sobre el sector del aceite de oliva, donde aseguró que Carrefour "nunca vende a pérdida" y no importa aceite de oliva de otros países sino que el aceite que comercializa "es todo de procedencia nacional".
Por último, quiso pronunciarse sobre los establecimientos de 'conveniencia' regentados por inmigrantes, donde "trabajan 24 horas al día, toda la familia y todos los días", lo que les hace tener "una productividad imbatible", por lo que consideró necesaria una reforma de la legislación nacional para atajar esa situación.
