La crisis energética que atraviesa Europa y golpea a los ciudadanos en España está provocando serias fricciones en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez. La situación en estos momentos es de alta tensión porque las cuentas se les han ido de las manos y el daño político -como se ha demostrado en Andalucía- ya es palpable como el temor a la llegada de los hombres de negro si no se contiene la inflación.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convocó hace unas semanas a un nutrido grupo de representantes del sector energético en el Jardín botánico con la excusa de analizar el impacto en el empleo de la transición energética. En aquella reunión, en la que participaron representantes de patronales de renovables, Díaz aprovechó para lanzar una crítica a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al asegurar que las medidas en su departamento siempre se tomaban tras escuchar a los sectores, aunque luego parece haberlo olvidado pidiendo la creación de impuestos urgentemente.
El encuentro se produjo justo después de la aprobación con un Consejo de Ministros de urgencia del Real Decreto-Ley que regulaba la excepción ibérica y que aún así todavía tardó una semana más en remitirse a Bruselas y tras dos en recibir su aprobación.
La tensión se ha mantenido fuerte en las últimas semanas. Díaz, al igual que hacía en su día Pablo Iglesias, exigió a Sánchez una subida de impuestos a las eléctricas por los presuntos beneficios caídos del cielo. La medida que introdujo Ribera en septiembre fracasó y los windfall profits apenas han generado ingresos. Ahora deberá decidirse si se prorroga la segunda mitad del año.
La ministra de Transición Ecológica, a su vez, devolvió esta semana el recadito a Díaz y aseguró públicamente que había que escuchar más a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en relación con la imposición a las eléctricas. Ribera pretendía evitar que tras la nueva derrota en Andalucía del PSOE fuera Díaz quién pudiera capitalizar el rédito electoral del golpe fiscal que se prepara a las eléctricas.
Las compañías, evidentemente, apoyan en este caso de forma cerrada a Ribera con la intención de esquivar otro impuesto sobre el que el ala de Podemos ha ido insistiendo desde hace meses en un debate que las empresas ya consideran que genera hasta hastío.
El Gobierno ha decidido abrazarse finalmente a las medidas propuestas por Bruselas
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, fue muy claro esta misma semana en una entrevista en elEconomista.es, si hemos convenido que los beneficios extraordinarios se producen si se vende la electricidad por encima de 67 euros y las eléctricas no lo están haciendo, no habría motivos para este nuevo impuesto.
En definitiva, el Gobierno ha decidido abrazarse finalmente a las medidas propuestas por Bruselas para contener el recibo de la luz y optará por una rebaja del IVA que palie el fracaso, al menos temporal, de la excepción ibérica. El Gobierno, que negó durante meses que pudiera adoptar esta medida y que Ribera calificó de cosmética antes del anuncio de Sánchez, lo utilizará para contener la inflación ante el temor de que puedan llegar a imponernos de nuevo a los hombres de negro.