El Ministerio de Transición Ecológica ha rescatado dos proyectos de ley que se habían quedado en el tintero y que afectan tanto a las eléctricas como a los industriales. Por un lado, el llamado fondo de sostenibilidad (céntimo verde) y por otro la detracción de los derechos de CO2.
Hoy está previsto que pueda aprobarse el informe de la ponencia sobre esta medida que supondrá un golpe de cerca de 1.500 millones para las eléctricas.
La reactivación económica junto con la expectativa de que el precio de CO2 siga subiendo, después de que la UE haya incrementado el objetivo de reducción de emisiones del 40% al 55% a 2030, ha producido un incremento del coste de los derechos de emisión que ha alcanzando precios de hasta 90 euros/tonelada de CO2.
Los Estados han incrementado su recaudación por la venta de los derechos. En el caso de España, se ha pasado en 2021 de unos 1.100 millones previstos (a 24€euros/tn) a cerca de 5.000 millones en 2022 (85 euros/tonelada).
En esta coyuntura, el Gobierno propone una nueva medida de intervención del mercado dirigida a minorar los ingresos de las centrales no emisoras puestas en operación antes de 2003 (nucleares, hidráulica y de parte de la eólica). Se calcula como el 90% del coste del CO2 mensual de las centrales emisoras por encima de un umbral de 20,67 euros/ton de CO2 (precio medio en los cinco años previos a la elaboración del proyecto de ley). El impacto de la medida se estima en 1.500 millones anuales, que se destinarán a financiar los pagos de capacidad y los cargos del sistema eléctrico (90%) y a los consumidores vulnerables (10%).
La medida no está limitada en el tiempo y se opone a las recomendaciones de la Comisión Europea que ha prohibido de forma expresa que se tomen medidas relacionadas con el precio del CO2, ya que consideran que el mercado de derechos de emisión (ETS) es fundamental para avanzar en la descarbonización y en la reducción de la dependencia del consumo de hidrocarburos.
La medida se superpone con otras medidas que ha venido adoptando el Gobierno para limitar los ingresos máximos de las centrales no emisoras. Todo ello muestra un conjunto de medidas que no abordan el origen del problema que no es otro que el incremento del precio del gas originado por la invasión de Ucrania y la dependencia de la Unión Europea del gas ruso.
Con ello, la generación hidráulica y nuclear tendría un marco que limita los ingresos máximos, pero no lo hace así con los ingresos mínimos. Los titulares de centrales no emisoras anteriores a 2003 tendrán que soportar un nuevo coste adicional, que puede llegar a generar incluso ingreso neto negativo (situaciones de bajos precios de mercado, baja demanda o elevada producción renovable).
