El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha cifrado hoy en más de 300.000 las personas que están en el paro y ya no perciben la prestación por desempleo y no tienen acceso al subsidio ni a la renta de inserción social, por lo que se encuentran en una situación de desprotección. Corbacho cree que esta cifra seguirá aumentando.
En este sentido, el titular de Trabajo advirtió de que, si continúa la crisis económica, "puede haber muchas más personas que queden desprotegidas", por lo que reiteró la necesidad de que las administraciones hagan un esfuerzo para reforzar la protección social de los desempleados.
Responsabilidad autonómica
Asimismo, Corbacho recordó que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en políticas sociales y que son ellas las que deben incrementar la protección a las personas en riesgo de exclusión social. "El Estado debe ayudar, pero son las comunidades autónomas las que en última instancia deben ampliar la renta de inserción social", dijo.
En su opinión, este incremento de la protección social es una respuesta "necesaria" aunque suponga un "incremento importante" de los presupuestos de las administraciones, que ya está "muy ajustado". Sin embargo, hizo un llamamiento a la responsabilidad de las comunidades autónomas y subrayó que, "en España, las competencias son las que son".
El ministro destacó que "ya se ha abierto el debate" con los gobiernos autonómicos y explicó que ayer mantuvo una reunión con la titular de Sanidad y Políticas Sociales, Trinidad Jiménez, para hablar sobre este tema.
Corbacho apuntó que a partir de ahora deberá ser el departamento que dirige Jiménez el que lleve el peso de la negociación ya que los temas de protección social en los ejecutivos autonómicos suelen estar en la consejerías ligadas a las políticas sociales, y no en las de Trabajo.
Asimismo, afirmó que también será importante el papel que desempeñe el nuevo vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, en la negociación con las comunidades.
El Gobierno quiere alargar el paro
