El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, ha defendido la necesidad de tener en cuenta no sólo los intereses de los consumidores sino también otros factores, especialmente, el impacto sobre las compañías telefónicas.
Así lo ha manifestado durante la primera discusión a nivel ministerial sobre la nueva norma de la Unión Europea para recortar el precio del uso del móvil en el extranjero.
Los operadores españoles (Movistar, Vodafone y Amena) serán los principales perjudicados por este reglamento ya que ahora son los que más se benefician del 'roaming' o itinerancia internacional por el gran número de turistas extranjeros y los que han realizado más inversiones para atender este aumento de la demanda estacional.
Mantener una red de calidad
También ha reclamado que se tenga en cuenta "el mantenimiento de una calidad adecuada en las telecomunicaciones" y la garantía de "niveles de cobertura que se adapten a las necesidades de uso en función de las pautas de desplazamiento de los ciudadanos a lo largo de la UE", en referencia a la presencia de turistas europeos en España.
"Si bajamos los precios excesivamente las operadoras tendrán la posibilidad de dar esos servicios", ha advertido Ros. A su juicio, se trata de encontrar en este reglamento "un equilibrio adecuado entre reducción de precios, y preservación de la calidad, de la cobertura y de una industria con capacidad de renovarse y de impulsar la introducción de nuevos servicios".
Proteger a los consumidores
El secretario de Estado de Telecomunicaciones ha reconocido en todo caso que la propuesta de la Comisión sobre el 'roaming' está justificada para ofrecer un mayor nivel de protección a los usuarios frente a los precios excesivos. No obstante, ha reclamado que se regulen tanto los precios mayoristas, los que se cobran unas a otras por el uso de las redes, como los minoristas, los que se aplican a los consumidores finales, y que la normativa se aplique simultáneamente a ambos tipos de tarifa.
Esta postura sólo cuenta con el respaldo del Ejecutivo comunitario y de una minoría de delegaciones, como la República Checa, mientras que la mayoría de los Estados miembros ha defendido que se limiten únicamente los precios mayoristas.
Ros ha pedido una simplificación de las propuestas de la Comisión, estableciendo un único nivel de precios para los servicios mayoristas y otro para los minoristas, sin diferenciar entre llamadas locales e internacionales. Finalmente, propuso que estos precios se establezcan como valores medios en lugar de como topes absolutos, de manera que los operadores tengan una mayor flexibilidad para elaborar ofertas.
Para determinar el margen entre los precios mayoristas y minoristas y el nivel de los precios al por mayor, España quiere que se dé un mayor protagonismo a los reguladores nacionales, de manera que sean éstos los que elaboren la propuesta.
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