Madrid, 7 dic (EFECOM).- La mitad de los españoles cree que la sanidad es el servicio público que más justifica el pago de impuestos, seguido de la educación y de las infraestructuras, según un estudio del Instituto de Estudios Fiscales (IEF).
Esta encuesta analiza las opiniones y actitudes fiscales de los españoles entre septiembre y noviembre de 2005 con una muestra de 1.500 personas distribuidas en cinco segmentos (empresarios, agricultores, profesionales, asalariados e inactivos).
De acuerdo a los resultados, para el 52 por ciento de los encuestados la sanidad es el servicio público que más justifica el pago de impuestos, seguido "a bastante distancia" de la educación (el 15 por ciento) y de las infraestructuras (el 10 por ciento).
Asimismo, para el 33 por ciento de los contribuyentes la sanidad es el servicio que se adecúa más a la cuantía de los impuestos que se pagan, detrás de la educación (el 17 por ciento) y de las infraestructuras (el 15 por ciento).
Pese a la "mejora" del último bienio en los servicios públicos, los ciudadanos encuestados piensan que la Administración "no los gestiona correctamente", aunque también reconocen "abusos o mala utilización por parte de los propios usuarios".
Según el estudio, que también analiza la percepción de los contribuyentes respecto al cumplimiento fiscal, el 59 por ciento de los encuestados considera que este cumplimiento ha mejorado en la última década frente al 41 por ciento que cree que ha empeorado.
Los contribuyentes señalan que la mejora en el pago de los impuestos se debe a las retenciones salariales, al control de la Inspección de Hacienda y en último lugar a la moral fiscal o conciencia cívica de los contribuyentes.
Respecto al fraude fiscal, aunque el 52 por ciento cree que ha disminuido, el 48 por ciento asegura que ha aumentado, y todos coinciden en que se debe a la falta de honradez y de conciencia cívica de los ciudadanos, así como a la impunidad de los defraudadores.
Además, el 42 por ciento de los encuestados opina que los empresarios defraudan a Hacienda habitualmente; el 18 por ciento cree que lo hacen los profesionales liberales y el 17 por ciento, los autónomos.
Casi la totalidad de los encuestados considera que el fraude fiscal tiene consecuencias negativas, el 41 por ciento cree que disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales y el 19 por ciento que crea injusticias porque unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros.
En este sentido, el 54 por ciento de los contribuyentes estima que el fraude no se puede justificar en ningún caso, si bien el 34 por ciento cree que ante determinadas circunstancias personales o laborales aprobarían hacerlo "para salir adelante".
El estudio, que también analiza la imagen corporativa de la Hacienda Pública, destaca que a pesar de los avances que se observan en la práctica tributaria, la opinión pública sigue encontrando dificultades para comprender la normativa fiscal y para cumplimentar las declaraciones tributarias.
Así, aunque los servicios de la Agencia Tributaria son conocidos por dos tercios de los ciudadanos, sólo un tercio los usa.
No obstante, la gran mayoría de los encuestados valora la capacidad de la Agencia para resolver los problemas y la atención que ofrecen los funcionarios que trabajan en ella, y reconocen que la Hacienda Pública desempeña una "función básica y necesaria para la sociedad".
Por otra parte, la mayoría de la población piensa que el Estado es el responsable de los servicios públicos, aunque hay una "importante" proporción de ciudadanos proclives a que sean las Comunidades Autónomas las que asuman las responsabilidades de los servicios públicos y las prestaciones sociales, en detrimento del Estado. EFECOM
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