BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)
La patronal Cecot afirmó hoy que es "el momento idóneo" para incentivar la regularización fiscal de patrimonios no declarados en el extranjero, con el objetivo de aumentar los recursos del Estado recuperando una parte del fraude fiscal, que la entidad cifró en 3.000 millones de euros, sólo teniendo en cuenta los litigios en marcha entre Hacienda, particulares y empresas.
Cecot expuso en un comunicado que un proceso de regularización "permitiría llegar a acuerdos rápidos y satisfactorios para todo el mundo", aunque matizó que en ningún caso este proceso debería afectar a patrimonios procedentes de actividades ilegales.
La patronal vallesana defendió que este proceso supondría "una inyección de liquidez para la economía muy importante", que el Estado podría reinvertir en programas de estímulo de la economía y de financiación para las empresas. Además, el afloramiento de capitales no declarados daría más liquidez al sistema financiero español.
Estos datos proceden de un informe elaborado por Cecot sobre el tema, que añade que el contexto internacional es propicio para impulsar procesos de regularización fiscal que ofrezcan incentivos para repatriar capitales del extranjero, tras la cruzada internacional iniciada contra los paraísos fiscales.
Desde el año 2000, diversos países de la OCDE han realizado amnistías fiscales o programas de regularización fiscal voluntaria para atraer capitales evadidos a cambio de tributación especial o sanciones reducidas. Algunos ejemplos son Gran Bretaña, Italia, Alemania, Bélgica, Grecia, Estados Unidos y Canadá.
En el caso de España, Cecot recuerda que durante la década de los 80, los pagarés del Tesoro tenían características que los hacían totalmente opacos (eran títulos al portador y no estaban sujetos a retención alguna) y era común que los patrimonios no declarados encontraran refugio en la deuda pública.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, propone tres posibles modelos para la actualidad: Uno sería garantizar que no se iniciarían procedimientos penales contra el contribuyente y la ausencia o reducción de sanciones e intereses de demora, a cambio de declarar los rendimientos obtenidos durante los ejercicios económicos no prescritos (cuatro o cinco).
Un segundo modelo se basaría en una tributación de las bases declaradas a un tipo reducido (por ejemplo, el tipo medio de todos los contribuyentes en España o un tipo de entre el 18% --el aplicable a los rendimientos del ahorro en el IRPF-- y el 25%). También debería contemplarse la posibilidad de poder regularizar, en su caso, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a tipo reducido.
El tercer modelo propuesto pasaría por la inversión en deuda pública especial del Estado de tipo superreducido, y por un período de cinco años. Ello permitiría la colocación de la deuda pública española a un coste muy reducido. Cecot alerta de que esta alternativa podría ser considerada contraria al derecho comunitario.
La patronal añade que el proceso de regularización podría venir acompañado de una reforma del régimen sancionador tributario, con el endurecimiento de sanciones y con un aumento del plazo de prescripción aplicable a los patrimonios no declarados que no acudan al proceso de regularización.
