MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El Gobernador del Banco España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, comparecencia el jueves en el Congreso de los Diputados para explicar la intervención del supervisor en Caja Castilla-La Mancha, mientras que el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, comparecerá en la Comisión tres semanas más tarde, el 22 de abril.
Así lo acordó esta mañana la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, que fijó la comparecencia del gobernador para el jueves, día 2 de abril, una vez finalizado el Pleno de la Cámara, mientras que la comparecencia de Solbes se verá retrasada por sus compromisos internacionales, empezando por la Cumbre del G-20 que tendrá lugar esta semana en Londres.
Tanto Fernández Ordóñez como Solbes pidieron el fin de semana comparecer en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la operación de intervención de la entidad llevada a cabo este fin de semana.
En principio, el presidente de la Comisión y diputado del PSOE, Antonio Gutiérrez, había acordado con el resto de grupos que el gobernador del Banco de España acudiese mañana mismo al Congreso, antes de la comparecencia programada del presidente de la patronal Cepyme, Jesús Bárcenas.
Sin embargo, el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, exigió que Fernández Ordóñez compareciese junto a Solbes, para tratar esta cuestión. El desacuerdo suscitado durante esta conversación provocó que el presidente de la Comisión dejase la decisión sobre las comparecencias en manos de la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión, convocada para esta mañana.
Así, el PP optó por solicitar la comparecencia "urgente y conjunta" del vicepresidente segundo como a Fernández Ordóñez, iniciativa que justifican en el precedente "similar" que supuso la intervención en Banesto en 1993, operación que el propio Solbes, por entonces ministro de Economía, y el gobernador del Banco de España en esa época, Luis Angel Rojo explicaron a la par ante la comisión.
Sin embargo, para los socialistas esta pretensión no tiene base jurídica, pues un año después de la intervención de Banesto, en 1994, se aprobó la Ley de Autonomía del Banco de España, que plantea la independencia del supervisor respecto al Gobierno y le exime de la obligación de rendir cuentas de sus acciones de manera conjunta con el Ejecutivo.