El socialista español Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, se dispone a dar este martes por la tarde una nueva vuelta de tuerca al expediente que desde febrero tramita contra el déficit público excesivo en el que ha incurrido el Gobierno español. Bruselas acusa al Gobierno de no haber planteado medidas concretas y eficaces.
Si no se sale del guión minuciosamente previsto por los expertos de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Almunia reclamará mañana a su correligionario Pedro Solbes, vicepresidente español y titular de las carteras ministeriales de Economía y Hacienda, que en el plazo de seis meses se aclare y exponga detalladamente su plan para devolver las arcas públicas españolas al equilibrio. Bruselas exige medidas concretas, no declaraciones ni buenas intenciones.
En la documentación mediante la que el Ejecutivo comunitario justificó en febrero que España había incurrido en un déficit público excesivo en 2008, los técnicos de Bruselas subrayaron que en el programa español para reconducir la situación no existen iniciativas claras para recuperar el equilibrio de las arcas públicas, salvo poner punto y final al plan de gasto para paliar la crisis. "La senda de ajuste no está completamente respaldada por medidas concretas", lamentó la Comisión Europea. Y ese es el factor sobre el que ahora exige que Madrid introduzca correcciones.
Pensiones y sanidad, en peligro
La Comisión Europea admite que España aplique en 2009 su plan de estímulo de la economía; pero le advierte que no incurra en gastos adicionales. Y recomienda que comience a rebajar su déficit en 2010, con el objetivo de dejarlo por debajo del 3% del PIB en 2011. Almunia teme que, de lo contrario, peligre la viabilidad a largo plazo de las finanzas públicas españolas. Y que dado el envejecimiento de la población, se vean amenazadas las pensiones y la sanidad.
Tras encadenar un periodo virtuoso de superávits, las cuentas públicas españolas registraron el año pasado un agujero negro equivalente al 3,8% del producto interior bruto (PIB). Bruselas aseguró en febrero que ese déficit no es achacable a la crisis, porque aunque España cerró el año con una notable ralentización económica, aún cosechó un crecimiento económico positivo.
Según las previsiones económicas presentadas por Bruselas en enero -el propio Almunia las calificó a primeros de marzo como demasiado optimistas, vista la evolución de la coyuntura- España cerrará 2009 con un déficit del 6,2%; y 2010, con el 5,7%.
Estos déficits sí serán imputables a la recesión. Y al esfuerzo presupuestario realizado por el Gobierno, que ha decidido abrir el grifo del gasto público para reanimar la economía e intentar evitar que la recesión se transforme en depresión prolongada.
Bruselas exige al Gobierno que en 2011 sitúe su déficit público por debajo del 3% del producto interior bruto. El 3% es el umbral a partir del cual el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE considera que un déficit es excesivo. España incurrió en un déficit del 3,8% en 2008, y este año rondará el 6%.
El déficit público llegará al 7%
