Madrid, 29 nov (EFECOM).- El Congreso aprobó hoy la Ley de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones y las empresas públicas, que ayudará a evitar abusos de posición dominante por determinadas sociedades que trabajan con las administraciones.
La Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Baja, con competencia legislativa plena en este caso, aprobó la norma con la unanimidad de todos los grupos.
Esta norma, que también facilitará el control de las relaciones financieras entre las empresas y las Administraciones Públicas, incorpora además a la normativa española dos directivas comunitarias de 26 de julio de 2000 y de 28 de noviembre de 2005 relativas a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados Miembros, las empresas públicas y determinadas empresas.
En concreto se regulan las obligaciones específicas de información que deben dar ciertos tipos de empresas a la UE, siempre y cuando alcancen un tamaño determinado, como son las empresas públicas vinculadas a cualesquiera de las Administraciones Públicas, que deberán informar sobre los fondos recibidos por parte de las AA.PP.,su motivación y utilización efectiva, así como los objetivos que se perseguían con estas partidas.
A este respecto, el PP presentó tres enmiendas -que finalmente fueron rechazadas- en las que proponía que, en caso de retrasos en la remisión de información a la UE, los amonestados fuesen los responsables directos -empresas o administraciones territoriales-, y no la Intervención General del Estado, encargada de enviar la información a las instituciones europeas.
Con la nueva ley, también deberán informar las empresas a las que las administraciones públicas hayan concedido derechos especiales o exclusivos, o confiado la gestión de un servicio de interés económico general.
Estas empresas deberán llevar cuentas separadas sobre los ingresos y los costes correspondientes a cada actividad y los métodos de asignación e imputación de empleados.
Además, aquellas sociedades públicas que desarrollen su actividad principal en el sector manufacturero, tendrán que facilitar información específica sobre cualquier tipo de intervención pública, y detallada de las transacciones efectuadas con otras empresas del grupo o con otros grupos de empresas públicas.
Según se añade en la citada norma, ésta será aplicable a todas las comunidades autónomas, que además de mantener sus competencias financieras y fiscales, tendrán como función recopilar la información que generen las empresas y trasladarla a la Intervención General de la Administración del Estado, órgano que actuará como único canal de trasmisión entre España y la UE. EFECOM
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