Los partidos del Govern dicen que heredaron irregularidades contractuales
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
El grupo parlamentario de CiU admitió hoy errores contables en la empresa pública Adigsa, que gestiona viviendas sociales, cuando estaba en el Gobierno catalán, pero negó que hubiera corruptelas. Por su parte, los partidos del tripartito --PSC, ERC e ICV-EuiA-- señalaron que heredaron una compañía con irregularidades contractuales y desviaciones económicas.
El síndic Enric Genescà compareció esta tarde en la Comisión de la Sindicatura de Cuentas del Parlamento catalán para presentar el informe de fiscalización de Adigsa en los años 2003 y 2004, siendo entonces sus máximos responsables Felip Puig (CiU), como conseller de Política Territorial y Obras Públicas, y posteriormente Salvador Milà (ICV), como conseller de Medio Ambiente y Vivienda.
Según el informe, hubo contrataciones verbales en la adjudicación de obras sin autorización previa de la persona responsable, desviaciones del 20 por ciento por encima del precio licitado y un exceso de concentración empresarial, ya que cinco adjudicatarias se hicieron con el 62,2% de las obras en 2003 y con el 52 por ciento en 2004.
El diputado de CiU Carles Sala remarcó que existe "algún error contable" que "se vende como una acción corrupta". En su opinión, "se acusa al anterior gobierno de corruptela", cuando "hay irregularidades administrativas por parte de unos y de otros". Supuso que si se fiscaliza el periodo 2005-2008 seguirá encontrándose alguna irregularidad, que atribuyó a dificultades de tramitación administrativa de los trabajos propios de Adigsa.
Igualmente consideró que sigue habiendo concentración empresarial y dijo que "hoy en día Adigsa es un caos organizativo". Remarcó que "Adigsa desaparecerá en los próximos meses" cuando se integre en la Agencia de Vivienda de Catalunya, de manera que huirá de la fiscalización y disminuirá el control.
Por parte del PP, Maria Àngels Olano remarcó que en gestión pública, depende de quién gobierne, los temas "toman una u otra magnitud" y enfatizó que "en 2004 también hubo una gestión no adecuada" y "los estados financieros continúan manteniendo los vicios de 2003".
El diputado Jordi Terrades (PSC) subrayó que no había un manual de procedimiento en las operaciones de adjudicación y compra en Adigsa, mientras que "la gestión actual es más transparente". Recordó que, paralelamente al informe de la Sindicatura, las irregularidades de Adigsa están en manos de Fiscalía, tras la denuncia de un particular. De los ocho imputados en la investigación de supuestos cobros de comisiones ilegales, el principal sospechoso es José María Penín, ex militante de CDC.
En este sentido, Terrades indicó que 44 inmuebles comprados en el mercado secundario se pactaron de forma verbal por una persona ajena a Adigsa. En 34 de estas viviendas, las obras de rehabilitación tuvieron un sobrecoste del 41,7 por ciento.
Terrades dudó sobre los criterios de compra y explicó que en algunos casos hubo intermediarios, de manera que se daba una primera transmisión a un comprador y una segunda a Adigsa, con encarecimientos muy importantes. El más destacado, subrayó, fue un aumento de precio del 174 por ciento en 17 días en una vivienda de Manresa (Barcelona).
Làia Ortiz (ICV-EuiA) lamentó la situación de Adigsa por el "descontrol" documental, la desviación de presupuesto, los trabajos con sobrecoste, la concentración empresarial y por los contratos verbales a dedo. "Nos tuvimos que ensuciar las manos en 2004 porque había mucha porquería", destacó, pero aseguró que se huyó "de la mala gestión de años anteriores".
Maria Àngels Cabasés (ERC) subrayó que todas estas actuaciones "muy graves" pueden derivar en responsabilidades penales y resaltó que el Gobierno tripartito posterior a CiU "ha trabajado por la legalidad".
