Economía abrió un expediente informativo a las eléctricas y constató que las penalizaciones por consumo excesivo se han disparado un 125%
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Comunidad de Madrid ha recibido "una avalancha de denuncias" de consumidores madrileños ante la aparición del nuevo modelo de facturación eléctrica mensual que puso en marcha el Ministerio de Industria a principios de este año, y que, según las primeras conclusiones del expediente informativo abierto a las eléctricas a principios de este año, está basado en "estimaciones" y no en el consumo real.
Según anunció hoy el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, la Consejería de Economía y Hacienda entiende que el Ministerio ha fijado una legislación "completamente confusa y prácticamente incomprensible para los usuarios y para las compañías eléctricas", que, en su opinión, está provocando un "caos" en las facturas emitidas en los últimos meses.
Así, pedirán al Gobierno central que reconsidere las medidas adoptadas con el nuevo modelo de facturación de la luz, que se vuelva a una tarifa bimensual y, que, en el caso de que continúe mensual, "se haga por consumo real y no por estimaciones que no se concretan en nada" como, según González, se está haciendo en estos momentos.
González recordó como el Ministerio de Industria recientemente cambió el sistema de facturación bimensual a uno mensual "que se basaba en estimaciones y no en consumo real, fruto del cual se ha generado una gran alarma social y una cantidad de reclamaciones que han sido dirigidas a Consumo".
Así, en sus primeras conclusiones, la Comunidad considera que en esta nueva regulación, el Gobierno central "ha fijado una legislación totalmente confusa, que es prácticamente incomprensible tanto para los usuarios como para las propias compañías eléctricas, y que está provocando un caos histórico en las facturas de la luz que se están emitiendo en los últimos meses".
En su opinión, la nueva "confusa" legislación redactada y estas facturas, que se hacen con "estimaciones", sólo persiguen* el objetivo "de encubrir una subida de la tarifa de la luz superior al 4 por ciento" que anunció el ministro de Industria, Miguel Sebastián, al conjunto de las familias españolas.
Estos primeros resultados del expediente reflejan que aproximadamente unos 400.000 abonados madrileños podrían verse afectados por las penalizaciones por consumo excesivo (superior a los 500 kilovatios por hora al mes), "que se han incrementado en un 125 por ciento en el último año", según los primeros datos facilitados por las compañías eléctricas.
Además, explicó que la subida anunciada del 4 por ciento de media, se corresponde sólo a un 80 por ciento de los consumidores, ya que el recargo establecido no ha tenido en cuenta aspectos que antes sí se tenían en cuenta a la hora del consumo como "el número de habitantes de la casa, la existencia de personas mayores o niños, u otras consideraciones de carácter social".
ELIMINACION DE LA TARIFA NOCTURNA
Asimismo, el vicepresidente recordó que el nuevo sistema de facturación supuso otros costes adicionales para los consumidores como los derivados de la desaparición de la tarifa nocturna, que se eliminó "cuando muchos consumidores habían hecho inversiones en sistemas que les permitieran" poner ésta "bajo la promesa de un ahorro a medio plazo".
Antes de esta decisión, las compañías eléctricas ya habían cobrado un importe de cien euros a las viviendas que querían este tipo de contrato, aunque el Gobierno regional consiguió en su día que se devolviera este dinero a los consumidores, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de España.
Según los datos del expediente, se estima que unos 40.000 usuarios madrileños de tarifa nocturna no han actualizado aún sus contadores, por lo que el precio de la luz puede ser mucho mayor al que estaban acostumbrados. Además, tan sólo 4.000 familias de la región han podido acceder a la franja considerada como tarifa social.
En cuanto a la factura mensual, González acusó al Ministerio de haber impuesto este modelo bajo el pretexto de hacer que el consumidor pudiera conocer con más detalle el consumo mensual de la luz, "pero hasta la fecha", según el portavoz del Gobierno, no se ha aclarado nada a las familias porque los datos son estimaciones y se desconocen los criterios de tales cálculos.
Es decir, el principal problema, en opinión de la Comunidad, es que el Ministerio no ha regulado hasta el momento el método de estimación, lo que está provocando el caos, porque las compañías no saben cómo atenerse a la legislación y cumplir la ley, cuestión que se agrava para el consumidor si se tiene en cuenta que todos estos problemas están surgiendo en las facturas de los meses con mayor consumo, los de invierno.
INJERENCIA EN COMPETENCIAS
Por otro lado, el Ejecutivo autonómico consideró que la creación de la futura Oficina de Defensa del Consumidor de la Comisión Nacional de la Energía, que aprobó recientemente el Consejo de Ministros, es una solución apresurada y que puede injerir en las competencias de las comunidades autónomas puesto que son estas quienes tienen la potestad de proteger a los consumidores.
También hizo referencia al Real Decreto Ley (RDL) al que ha recurrido el Ministerio para legislar de manera urgente, y que habla de la creación "inmediata" de esta Oficina. Sin embargo, aunque entró en vigor el pasado 25 de febrero, el Gobierno central no tiene previsto proceder a la construcción de este centro hasta el mes de julio.
"Desde que entra en vigor el decreto y se empieza a facturar se están produciendo avalanchas de reclamaciones que no van a poder ser dirigidas hasta este mes", denunció González, quien subrayó que de nuevo, los consumidores se hallan ante la "indefensión" y se dirigen al Gobierno regional para tratar sus dificultades.
En este sentido, el portavoz del equipo de Gobierno recordó que en la nueva regulación se establece que entre las funciones de la Oficina está la del arbitraje --el procedimiento elegido para resolver las controversias que se generen--, y que, por lo tanto, es necesario y urgente aclarar si esta función será de la Oficina o de las juntas arbitrales de consumo, ya constituidas en las comunidades autónomas, o de ámbito municipal.
Si el arbitraje no se queda como ésta, "se estará produciendo una invasión competencial", que dará lugar a la interposición del recurso correspondiente frente Ministerio de Industria, añadió el vicepresidente.
DATOS REALES
Por todo ello, la Comunidad va a pedir que reconsidere cuáles son las medidas que ha tomado desde el punto de vista de la tarifa eléctrica, que se vuelva a una tarifa bimensual o en su caso, si es una factura mensual, "que se haga por consumo real y no sobre estimaciones que no se justifica, no están desarrolladas, y no se concretan en nada".
También van a pedir a las compañías eléctricas que simplifiquen la factura para que los consumidores puedan conocer "con todo grado de detalle" cuales es el consumo de kilovatios que hacen cada mes y cuál es el coste que tienen que pagar por ese consumo.
A esta petición se suma la de que el Ministerio de Industria vuelva a hacer campañas informativas para que los ciudadanos sepan exactamente cuál es el sistema tarifario, qué es lo que tienen que pagar por su consumo energético.
