BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El Consell Executiu de la Generalitat aprobará el próximo martes el proyecto para la reforma de la ley catalana de cajas de ahorros que refuerza el papel de los directores generales frente a los presidentes de estas entidades, según explicó hoy el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells.
Castells afirmó, en el transcurso de la firma de un convenio sobre vivienda con representantes de estas entidades, que el objetivo de la reforma es "preservar el modelo catalán de cajas", que se basa en un "equilibrio ajustado" entre la figura del director general y la del presidente, siendo el primero quien tiene la "responsabilidad ejecutiva".
El titular de Economia ha comunicado ya el contenido de la reforma a la Federación Catalana de Cajas, que preside Ricard Fornesa y que representa a las diez entidades que hay en Catalunya. Según explicaron a Europa Press fuentes de Economía, éstas han "aceptado" los extremos y filosofía de la reforma.
Castells explicó que el reparto de poderes entre directores y presidentes "ha funcionado bien y es necesario que siga funcionando bien", por lo que defendió la introducción ahora de reformas "sensatas y puntuales" en la normativa del sector.
Tras valorar el "buen clima" actual entre cajas y Generalitat, Castells valoró la "gran comprensión" de las entidades frente a los cambios, y destacó el "consenso, diálogo y colaboración" de todas la partes implicadas.
MODIFICACIONES EN 10 DE LOS 53 ARTÍCULOS.
La futura ley de cajas introducirá modificaciones en 10 de los 53 artículos de la actual normativa de cajas, de las que sólo uno --el relativo a las funciones del presidente-- será de nueva creación. La intención de Economía es que el Parlamento catalán apruebe la ley el próximo mes de noviembre.
La normativa, la primera de este tipo que aprueba el gobierno tripartito, introduce importantes novedades en el sector, como el hecho de permitir a sus presidentes alargar sus mandatos de los actuales cuatro años a seis, lo que abrirá la puerta a prorrogar la presidencia de Ricard Fornesa en 'La Caixa' dos años más a partir de 2007.
La norma afectará por igual a los presidentes y a los miembros del consejo de administración, que, además, tendrán un tope de doce años en el ejercicio del cargo, en línea con la normativa estatal del sector.
Además, el anteproyecto de ley de la Conselleria de Economía y Finanzas regulará por primera vez las "funciones" de los presidentes de estas entidades, que se circunscribirán únicamente a ejercer de "máximos representantes de la institución y presidentes del consejo de administración".
RETRIBUCIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE.
Además, se establece, por primera vez, que la entidad pueda decidir que el cargo de presidente esté retribuida, de tal forma que no tenga porque compatibilizar sus funciones con la participación en órganos de gobiernos de otras empresas.
Como gran novedad, la norma establecará que las cajas destinen obligatoriamente una parte "equilibrada y significativa" de sus resultados --una vez descontadas las reservas-- a obra social. La ley no establecerá una cantidad mínima o máxima y será la Generalitat, en ejercicio de sus funciones de protectado, la que acordará con cada entidad el establecimiento concreto de una cantidad.
La nueva normativa obligará a las cajas a nombrar para sus órganos de gobierno exclusivamente a entidades "con representatividad social y económica en el territorio", frente a la indefinición de la actual ley. Estas entidades tienen por derecho ahora el 30% de la representatividad en los órganos de gobierno, frente al 40% de los impositores, el 20% de los trabajadores y el 10% del gobierno local, porcentajes que no se alterarán.
El objetivo es evitar que entidades que nada tienen que ver con el mundo económico del territorio donde opere la caja tengan un puesto reservado como consejeros en la asamblea o vocales en el consejo de administración, explicaron los citados medios.
FUNDACIONES CIRCUNSCRITAS A LA OBRA SOCIAL
La ley plantea limitaciones a la figura de las fundaciones gestoras de la obra social, para que no realicen una actividad distinta a ésta, con el fin de que no se desnaturalicen o no cumplan con sus fines.
Entre las novedades destaca la potestad de las entidades para fijar el importe de las dietas que percibirán consejeros y vocales, para evitar, como hasta ahora, que este extremo esté fijado por igual para cada entidad por una orden de la Generalitat que data de hace quince años.
Por otra parte, se obligará a todos los altos cargos de la entidad, y no sólo los vocales del consejo y consejeros de la comisión de control, como hasta ahora, a figurar en un registro. La finalidad es detectar cualquier error o incumplimiento en el régimen de incompatibilidades.
