Madrid, 21 nov (EFECOM).- El Congreso de los Diputados estudiará una proposición no de ley que pretende garantizar que el Estado compense a las comunidades autónomas por las mermas de ingresos debidas a bajadas de impuestos cedidos o a la promulgación de leyes.
Así lo aprobó hoy por unanimidad la Cámara Baja que tomó en consideración una proposición de ley elaborada por las Cortes de Aragón y que en la Cámara Baja fue defendida por los diputados autonómicos Antonio Piazuelo (PSOE), Chesús Yuste (CHA) y Javier Allué (PAR).
La proposición establece que el Gobierno, cuando envíe a las Cortes proyectos de leyes que supongan una minoración en los ingresos de las comunidades autónomas o un aumento en sus gastos, debe acompañarlo de un estudio económico del impacto con la previsión de las correspondientes compensaciones económicas que "quedarán comprometidas legalmente".
Además, propone que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Mixta de cada autonomía se reúnan anualmente "para reservar principio de equilibrio financiero" y prevé atender las compensaciones por mermas tributarias producidas en el pasado en el caso de comunidades autónomas con derechos reconocidos en los Estatutos.
Piazuelo criticó que determinadas medidas legislativas de las Cortes Generales han supuesto en los últimos años un descenso en la recaudación de la Administración General del Estado y del conjunto de las comunidades autónomas, si bien apostilló que "no se trata de "crear conflicto" con el Gobierno, sino de seguir "fortaleciendo y desarrollando" el Estado de las autonomías.
Javier Allué, defendió que, pese a que la proposición se aprobó en las Cortes de Aragón hace dos años y medio, el problema "sigue latente" en todas las comunidades autónomas por introducir mecanismos para hacer efectivo el principio de lealtad institucional y cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.
Chesús Yuste expuso que la deslealtad institucional es "uno de los principales problemas" de los sistemas de financiación autonómica, por la separación entre "quien tiene la capacidad normativa sobre un tributo y quien tiene la competencia para ingresarlo".
Todos los grupos representados en la Cámara Baja votaron a favor, si bien, el portavoz del Partido Popular -grupo que votó en contra en su debate en las Cortes de Aragón-, Santiago Lanzuela, consideró "innecesaria" la propuesta, ya que "si aplicamos debidamente el principio de lealtad constitucional debería ser suficiente". EFECOM
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