César Muñoz Acebes
Washington, 18 nov (EFECOM).- Una semana de presión de los gobiernos andinos ha allanado el camino para extender los beneficios arancelarios de que disfrutan, pero su aprobación depende de si el Congreso de EEUU lo considera una prioridad, según funcionarios y expertos.
La prórroga de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA) para Perú y Colombia no ha suscitado ninguna objeción pública.
La única incógnita es si el Congreso tendrá tiempo para renovarla en las dos semanas que le quedan de sesiones antes del 31 de diciembre, cuando vence la Ley, que permite la entrada en EEUU sin pagar aranceles de la mayoría de los productos andinos.
Los líderes de la Legislatura se han comprometido a comenzar a debatir el tema el 4 de diciembre, según el representante presidencial peruano Hernando de Soto.
Sin embargo, la prórroga del ATPDEA tendrá que disputar la atención de los congresistas con otros proyectos de más resonancia en EEUU, como la aprobación de los presupuestos para este año fiscal o la confirmación de John Bolton como embajador ante la ONU.
"A menos que el Congreso determine que (el ATPDEA) es una prioridad o que surja un legislador que haga suyo el tema y lo impulse, no va a ser prorrogada la Ley" antes de que expire, predijo Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas, una asociación de multinacionales.
Si para Perú y Colombia el único impedimento en el camino es el tiempo, en el caso de Ecuador y Bolivia sí que han surgido reparos, aunque los expertos no creen que impidan la extensión.
El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, reconoció durante una visita a Washington esta semana que en dos ocasiones sus interlocutores presentaron objeciones a prorrogar las ventajas a alguna de esas naciones, aunque no dio más detalles.
En cambio, el ministro de Comercio de Ecuador, Tomás Peribonio, que también vino a Washington, dijo a EFE no haber recibido esas quejas, aunque se reunió con menos congresistas que Uribe.
En la capital estadounidense se vio con malos ojos la decisión del Gobierno de Ecuador de cancelar un contrato multimillonario a la petrolera Occidental, así como la nacionalización del sector de los hidrocarburos por parte de Bolivia.
En una audiencia en junio, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Chuck Grassley, se manifestó contra la renovación para Bolivia y Ecuador.
Además, representantes de Occidental están pidiendo en Washington su rechazo para Ecuador, según dijo a EFE una fuente empresarial.
Y a principios de este mes, un grupo de 28 legisladores, la mayoría republicanos, urgió en una carta la renovación del ATPDEA para Colombia y Perú, pero no dijo nada sobre Bolivia y Ecuador.
Pese a esas objeciones, los expertos creen que al final también esos dos países lograrán la extensión, que sería por un año, según una fuente andina.
Los dos proyectos de ley a favor de la prórroga, uno en la Cámara Baja y otro en el Senado, incluyen a las cuatro naciones, y esta semana ha habido numerosas señales de apoyo para todos los países.
Los diarios "The Miami Herald" y "The Washington Post" han pedido la extensión en sendos editoriales, y el Gobierno de EEUU ha expresado su respaldo "enérgico" a la prórroga.
En el Congreso, un grupo de 11 demócratas y un republicano pidió la renovación en una carta y lo mismo hicieron por separado el republicano Richard Lugar, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Charles Rangel, quien desde enero presidirá el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja.
En EEUU, la extensión del ATPDEA no es asunto de primeras páginas, pero no así en los cuatro países afectados, que temen graves daños si termina su acceso privilegiado al mayor mercado del mundo.
En Ecuador medio millón de empleos dependen directa o indirectamente del ATPDEA y si no se renueva, "de forma inmediata se van a cortar puestos de trabajo", alertó Peribonio.
"Se ha parado todo proyecto nuevo" de inversión, dijo Jeff Sheedy, director de las empresas "La Escala" y "Ecualgodón", de Quito.
En Colombia, la incertidumbre ya se ha cobrado 7.000 empleos por la cancelación de contratos textiles, según Uribe. EFECOM
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