
La privatización de la búsqueda de trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal, una de las demandas de la CEOE y de la Asociación de Grandes Empresarios de Trabajo Temporal (Agett), queda descartada en la reforma del organismo público, según comunicaron fuentes sindicales a elEconomista. El antiguo Inem tan sólo recoloca entre el 8 y el 10% de los demandantes que solicitan un trabajo a través de la entidad. Por tanto, el buen funcionamiento del SPEE es altamente cuestionable.
El objetivo de la reforma del antiguo Inem se basa en la dotación de medios humanos y materiales y la modernización de la gestión. Y en este segundo punto es donde se abre el gran debate. Las agencias privadas de recolocación muestran como garantía sus resultados. Un gran porcentaje de los demandantes encuentran empleo a través de las mismas.
Pero parece que estas cifras no han calado en la mesa de Diálogo Social, donde se debate la propuesta, ya que la iniciativa, no sólo se encontró en un primer momento con la negativa de las fuerzas sindicales, sino que la CEOE es favorable a que el SPEE acuerde colaboraciones con las empresas privadas sólo en ciertos aspectos, según los sindicatos.
La modificación se centraría en que el organismo de empleo captara las ofertas de trabajo que disponen las agencias privadas de recolocación, a través de un sistema informático. Pero, por el contrario, se veta la disposición de los datos de los desempleados a las agencias particulares de recolocación. Para poder gestionar con mayor eficacia las necesidades y los perfiles de los demandantes de empleo, el Gobierno desarrollará una ruta del itinerario personalizada del demandante -como ya anunció elEconomista-, pero esta hoja de ruta tan sólo podrá ser gestionada por el SPEE.
Por tanto, quedan fuera las agencias privadas de recolocación de gestionar y tramitar directamente sus ofertas de empleo con los demandantes del Servicio Público. Los sindicatos defendieron esta negativa en el seno el Diálogo Social con el argumento de que el Estado es el único que puede garantizar los derechos del trabajador en la búsqueda de empleo.
La colaboración con empresas privadas no sólo se centra en la búsqueda de empleo, sino que se amplía a otros terrenos, como es el caso de la formación. Hasta ahora, las únicas empresas que podían impartir cursos de formación eran empresas o entidades públicas. Pero a partir de que entre en vigor la reforma podrán hacer convenios con el SPEE cualquier empresa particular, que incluya las características que reclame el Gobierno.
Falta de recursos humanos
Por otra parte, el Servicio Público de Empleo Estatal ha sufrido desde hace años una importante carencia en cuanto a sus recursos humanos. En 2007 el Gobierno prometió a los agentes sociales, que aumentaría el personal del SPEE en unos 2.500 trabajadores en ese ejercicio. Pero desde ese año y hasta la fecha tan sólo se han incorporado alrededor de 1.500 empleados. Por lo que, el Gobierno ha vuelto a prometer a los agentes sociales, el incremento de plantilla con el que se comprometió y que no se llegó a cubrir, según sindicatos.
El número de trabajadores que se incorporarán durante este año se sitúa alrededor de 900. Aunque, hay que considerar que la situación laboral en España hace dos años, era totalmente diferente a la actual. En 2007 la tasa de paro se situaba en un 8 por ciento, y el número de desempleados no alcanzaba los 2 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Por tanto, los sindicatos consideran que, si en aquel momento la plantilla del Servicio Público de Empleo era deficitaria y era necesario incluir a 2.500 trabajadores entonces, el funcionamiento actual del organismo con casi el doble de desempleo es mucho peor. Y el déficit de personal no se puede resolver sólo con la incorporación de aquellos 900 empleados que faltaban por incluirse en el Inem.
Este año también se facilitará más recursos materiales para mejorar el funcionamiento del antiguo Inem. Según se ha planteado en la mesa de diálogo dels SPEE, en la que se encuentran los agentes sociales, se modernizaran los sistemas.
La base de la reforma se sostiene por la modificación de la normativa, después de 25 años desde que se aprobara. Este cambio afectará a más de 25 programas, que dispone el Servicio Público de Empleo Estatal, como es la modificación de los talleres de empleo, los programas de inserción laboral de las entidades locales y los servicios de inserción social que también dependen del SPEE.