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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos "puede plantear problemas".
Asimismo, admitió de que no cree que la decisión se trate de de un varapalo como "ha dicho el PP". Cuando se le preguntó si el Gobierno español se plantea alguna represalia, se limitó a apostar por el diálogo. "Vamos a hablar, que es lo que hay que hacer", aseguró.
En conversación informal con periodistas en la conmemoración del 75 aniversario de FETE-UGT, el jefe del Ejecutivo calificó esta polémica de un "problema puntual" y aseguró que hay que "esperar", subrayando que hay "180 días de plazo", en referencia al periodo que el Gobierno boliviano ha dado a las empresas extranjeras para adaptar sus contratos a la nueva situación.
No afectará a la ayuda
En cualquier caso, dijo que "en absoluto" este tema afectará a la ayuda oficial al desarrollo que España destina a Bolivia. "La gente que necesita educación y salidas va a tener siempre a España al lado, más allá del conflicto", remarcó.
Recordó que el "pueblo de Bolivia tiene muchas necesidades". "Puede haber problemas puntuales como tenemos ahora, pero mi deseo es que los ciudadanos de Bolivia tengan un horizonte de esperanza", aseveró.
Zapatero reconoció que la decisión del Ejecutivo boliviano estaba en "el programa electoral" y que el Gobierno español era "consciente" de ello. "Otra cuestión distinta es el momento o la característica en que se iba a hacer la nacionalización", comentó.
El presidente del Gobierno español no cree que la medida tenga "nada que ver" con la reciente reunión del presidente boliviano Evo Morales con los mandatarios cubano y venezolano, Fidel Castro, y Hugo Chávez, respectivamente.
Bolivia no quiere "expulsar" a las empresas
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, ha explicado que en su conversación telefónica de anoche con el presidente boliviano, Evo Morales, éste último le aseguró que su voluntad no es expulsar ni rechazar" a las empresas extranjeras que operan en el sector de hidrocarburos, caso de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF.
"Él mantiene la tesis que defendió (en enero) en Madrid de que el Gobierno boliviano desea ser patrón, es decir soberano, sobre sus recursos, pero que no excluye socios para la ejecución de lo que es política en materia económica y financiera".
"Volvió a reiterar que su voluntad no es expulsar ni rechazar la presencia de empresas extranjeras y lógicamente españolas", señaló el ministro a la prensa en el avión que le llevó de Madrid a Vilnius para participar en una conferencia regional sobre Europa del Este y Cáucaso.
Tratar de compatibilizar intereses
Finalmente, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, manifestó hoy que el Gobierno "tratará de hacer compatible la defensa de los legítimos intereses de las empresas españolas con los legítimos intereses de los Estados que son soberanos en su toma de decisiones", como Bolivia, "máxime teniendo en cuenta que con Bolivia tenemos unas relaciones fraternales", precisó.
José Montilla abogó por el "diálogo político y diplomático" después de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, decretara el lunes la nacionalización de los hidrocarburos y conminara a las petroleras a firmar nuevos contratos en 180 días o irse del país, medida que afecta a la filial andina de Repsol YPF.
El ministro de Industria indicó que "las empresas españolas saben que el Gobierno de España defenderá sus intereses" y explicó que en "los próximos meses trataremos de buscar una solución que pueda ser satisfactoria para ambas partes utilizando la vía del diálogo político y de la diplomacia" porque ésta no es una cuestión que se tenga que cerrar en unas semanas, comentó.
José Montilla recordó que "el propio presidente de Bolivia ha hablado de tres meses" y por eso "tiempo habrá de cerrar un acuerdo que preserve los intereses legítimos de las empresas españolas, en este caso del sector energético, y, por supuesto, que los trate de hacer compatibles con los intereses nacionales de un Estado soberano donde hay también una población con dificultades", concluyó.
