MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Madrid estudiará "cualquier posibilidad que dé la ley" para defender los intereses de los ciudadanos de la capital en el proceso electoral de Caja Madrid como consecuencia de la aplicación de la nueva Ley de Cajas del Ejecutivo autonómico, que reduciría del 70 al 30% la representación de los madrileños en los órganos de dirección de la entidad.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el vicealcalde sólo llegó así de lejos en la manifestación explícita de lo que el Gobierno local será capaz de hacer si la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, insiste en aplicar la nueva normativa a un proceso electoral que "comenzó antes de la entrada en vigor de la Ley", pero sin llegar a indicar si apelará al Tribunal Constitucional.
"Estudiaremos cualquier posibilidad que nos dé la ley para defender los intereses de los madrileños, porque nosotros hemos dicho desde el principio que la nueva Ley afecta de forma negativa a la representación de este Ayuntamiento y de los ciudadanos de la capital", expuso.
Y es que desde el punto de vista del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón la legislación regional "es injusta, un agravio", porque limita la representación de una forma que "no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma". "No hay ninguna ciudad en otra región que tenga el porcentaje de población, imposiciones u oficinas con respecto a la totalidad que tiene Madrid en la Comunidad", apostilló.
Como ejemplo, citó el caso de Sevilla, cuya población "no llega al 20% de la de Andalucía", lo que "también se traslada a los ingresos y depósitos en las cajas". "Sin embargo, en Madrid los ciudadanos confían en Caja Madrid y ponen un porcentaje de depósitos mucho mayor que en otras ciudades", recordó.
Además, apeló al criterio de proporcionalidad con respecto a la población al que Aguirre acude cuando reclama más transferencias al Gobierno central. "No tiene sentido que se limite (la representación de la ciudad), no hay proporcionalidad de ese criterio de población que la Comunidad exige ante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero", continuó.
Por último, reiteró que la Ley de Cajas que entró en vigor el 1 de enero "afectará a los ciudadanos de la capital en el proceso electoral que tenga lugar dentro de seis años", según la "opinión jurídica" que mantiene el Consistorio y que, por supuesto, es "discutible".
