Un informe presentado al Consejo de Ministros repasa las políticas de transparencia, conciliación e inversión responsable del Gobierno
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros recibió hoy un informe del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, sobre la actuación del Gobierno en el fomento de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) de España y la realización de buenas prácticas en las Administraciones Públicas.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que "se está en el camino adecuado" en el fomento de la RSE, pero advirtió que "hay que seguir avanzando".
"Vamos a seguir impulsando el modelo de empresa socialmente responsable, en nuestro país, en Europa y en América Latina", insistió De la Vega, quien se mostró satisfecha con la labor realizada por el recientemente constituido Consejo Estatal de RSE.
"En su primer año de vida, el Consejo de Responsabilidad Social ha hecho un gran trabajo promoviendo la transparencia de las empresas, el consumo y la inversión socialmente responsables y fomentando prácticas más respetuosas con el medio ambiente y con los derechos de los trabajadores", afirmó.
El informe señala que, en el marco de la actual situación de crisis económica, la RSE es un "eficaz instrumento" para corregir prácticas que han sido causa de la grave crisis que se está padeciendo, como la irresponsable falta de transparencia de actuaciones empresariales situadas fundamentalmente, aunque no sólo, en el sistema financiero.
Además, apunta que la Responsabilidad Social de las Empresas también supone la búsqueda de soluciones ante la crisis, que contemplen aspectos socialmente responsables, aminorando los efectos negativos sobre empleo y el entorno social en el que se desenvuelven las empresas. "Es ahora, ante situaciones desfavorables, cuando las empresas que se auto proclaman socialmente responsables deben demostrar que lo son", subraya el informe.
Por otro lado, el trabajo repasa las distintas medidas desarrolladas por el Gobierno, tanto desde el punto de vista estrictamente normativo, como desde el plano de instrumentos no jurídicos (estrategias, planes, guías, etcétera), con el fin de favorecer el desarrollo sostenible y por lo tanto la responsabilidad social.
En este sentido, el informe detalla acciones que van desde leyes aprobadas en materia de dependencia, igualdad de género, empresas de inserción y medioambientales hasta el apoyo a informes, cursos de formación y actuaciones de difusión de la RSE.
IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA
Además de la política de fomento de la RSE, el informe contempla los criterios de Responsabilidad Social aplicados por el Gobierno en su gestión como Administración pública. Desde este prisma, el texto considera que es procedente analizar cuatro aspectos que hacen de la Administración Pública actora en el proceso de implantación de la RSE: transparencia, empleabilidad, consumo e inversión.
Así, indica que la transparencia es un elemento central que los poderes públicos deben tener hacia los ciudadanos y que la empleabilidad socialmente responsable en el contexto político-económico actual es "especialmente importante ya que no puede olvidarse que las Administraciones Públicas crean una parte importante de los empleos".
Respecto a la acciones de conciliación, el informe advierte de que hay que corregir la elevada tasa de temporalidad en el empleo que tienen las Administraciones Públicas. Igualmente, señala que las Administraciones Públicas son consumidores y prestadores de bienes y servicios, por lo que los criterios sociales y medioambientales que puedan requerir en sus adquisiciones, las compras públicas y en la forma de prestar sus servicios son de "especial relevancia, tanto en el aspecto interno como en provocar actuaciones externas".
"La labor de coordinación resulta indispensable para progresar en la actuación de las Administraciones Públicos como consumidores socialmente responsables, y esta se podría llevar a cabo partiendo de los representantes de las Administraciones Públicas presentes en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas", indica.
