MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La patronal de los promotores (APCE) ha mantenido reuniones con la Administración y con "algún grupo parlamentario" para pedir que se beneficie fiscalmente a las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi) que inviertan en viviendas en alquiler, frente a las que se decanten por otro tipo de activos, y abrir así una vía para absorber el 'stock' de viviendas sin vender.
Según indicó su presidente, José Manuel Galindo, en declarariones a Europa Press, los promotores temen que, dado que el anteproyecto de Ley que regula estas sociedades no diferencia entre unas inversiones y otras, las Socimi tiendan a invertir más en activos como centros comerciales u oficinas, cuya rentabilidad es mayor que la de las viviendas. Por tanto, la idea es conseguir que "estas Socimis también sean rentables si invierten en vivienda".
Para ello, los promotores pretenden introducir esta "discriminación positiva" en la regulación antes de que finalice el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas al anteproyecto de Ley en la Comisión de Economía del Congreso, el 10 de febrero.
"Hemos manifestado esta petición en reuniones con la Administración y algún grupo parlamentario que pueda tenerla en cuenta para establecer algún tipo de enmienda hasta el día 10 de febrero", afirmó.
Entre las posibles fórmulas, Galindo abogó por aplicar reducciones en el pago de impuestos por tramos de inversión --25%, 50% y 75%-- respecto al conjunto patrimonial de la Socimi, de forma que, superando ciertos niveles, se alcance incluso una exención fiscal.
El presidente de APCE recalcó que sus interlocutores se han mostrado favorables a introducir estos cambios. "Todo el mundo se muestra sensible dado que uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos, el paro, requiere como paso previo la absorción del 'stock'", aseguró.
Además, indicó que sus demandas son "concurrentes" con las políticas del Ministerio de Vivienda, que tiene en el alquiler uno de sus ejes estratégicos, de modo que las Socimi también son "un elemento absolutamente fundamental" para cumplir sus objetivos.
Por último, Galindo también apostó por "flexibilizar" la normativa, en otros aspectos, como el nivel máximo de endeudamiento, fijado en el 60%, y que, según dijo, podría dejar fuera a muchas empresas.
