Las asociaciones de transportistas, en horas bajas, piden al Ejecutivo que incorpore a la legislación española la normativa francesa que protege a los transportistas del impago y del intrusismo.
Sin que sirva de precedente, los camioneros españoles miran con envidia a sus vecinos franceses. Sin que sirva de precedente, quisieran ser galos, aunque sólo sea por poder contar con el apoyo de su Gobierno y sentirse amparados en un momento lleno de socavones. Y no sólo porque el asfalto necesite mejoras con urgencia.
A la crisis generalizada del sector se han sumado una serie de agravantes que complican la viabilidad de su negocio y que ha bajado del camión a más de 120.000 conductores y cerrado 19.000 empresas en los tres últimos años. Las cuentas no les salen y los pasos de su particular calvario son cada vez más, y más largos.
Así se lo hicieron saber las asociaciones de transportistas y de las de empresas cargadoras al Ministerio de Fomento, a quienes transmitieron en un reunión celebrada hace unos días su preocupación por la difícil situación. La lista es larga. A saber: los elevados precios de los hidrocarburos, la bajada de sus servicios por los portes y la demora y morosidad en los cobros, a lo que se suma ahora la modificación de la denominada Euroviñeta, una tasa europea que desde hace años grava el uso de las carreteras y que en adelante cargará también la contaminación acústica y ambiental. Y por si esto no fuera suficiente, la actividad del sector también ha puesto la marcha atrás.
Inseguridad
Según Fenadismer, en el primer trimestre de 2012 se ha mantenido la disminución de la actividad en todos los segmentos del transporte analizados, excepto en transporte internacional.
Según los datos corroborados con el departamento que dirige Ana Pastor, "es especialmente significativa la disminución de las toneladas transportadas tanto en transporte intrarregional (con una bajada del servicio de 12,6 por ciento) y en transporte nacional (con retroceso del 4,8 por ciento), "lo que nos sitúa a niveles del año 2002, esto es, un retroceso de 10 años", explican los portavoces de la Federación.
El sector, reconocen, no aguanta. Desde Fenadismer, sus responsables consideran que la actual "situación crítica en que se encuentran los transportistas españoles" está provocando una situación de imposición de precios y de abusos tanto en los precios como en sus plazos de pago, que en muchos casos resultan además fallidos por la situación de insolvencia de las empresas que contratan.
En se sentido, han aprovechado la tramitación de la modificación de la Ley de Ordenación de los Transporte Terrestre (LOTT) para pedir que se introduzca en la legislación española el modelo de protección que se ha establecido en Francia. Según su denuncia, pese al incremento de los costes, los precios que perciben los camioneros continúan disminuyendo, "lo que implica que son similares a los que obtenían en 2006", subrayan en un comunicado. Y ello, cuando cobran.
Cubrir gastos
Fenadismer ha propuesto a Ana Pastor incorporar a la legislación las medidas contempladas en la normativa francesa, y que son, por un lado, la acción directa de recobro a favor del transportista contra el cliente o contra la empresa destinataria de la mercancía, en su calidad de garantes en caso de impago por parte del intermediario.
Otra punto en debate son los plazos de pago y que, en ningún caso, podrán sobrepasar los 30 días, lo que da lugar a sanciones penales de entre 15.000 y 75.000 euros.
Y en medio de esta lista, "claridad y transparencia", que pasa por la publicación de los datos registrados relativos a las empresas de transporte y agencias de intermediación que cuentan con autorización y, de esta manera, evitar el intrusismo. En Francia, los pagos deben cubrir las cargas en materia laboral y social, carburante y mantenimiento, las dietas, peajes, gastos de documentación, las tasas fiscales y la remuneración del empresario, entre otros. Su incumplimiento lleva aparejada una sanción de 9.000 euros.
Sin que sirva de precedente, el camionero español sueña con ser un camionneur francés.
Habrá que pagar por usar carreteras
