El Gobierno ha autorizado este viernes una partida presupuestaria, con cargo a la Jefatura Central de Tráfico, de 225.000 euros para financiar 225 cursos de seguridad vial organizados por la Cruz Roja por los que está previsto que pasen alrededor de 6.750 condenados a trabajos en beneficio de la comunidad por delitos contra la seguridad vial.
Con estos cursos, el Ejecutivo pretende hacer frente al "notable" incremento que se ha producido en el número de condenas a trabajos en beneficio de la comunidad desde que se reformó en 2007 el Código Penal para introducir los delitos contra la seguridad vial. Así, se ha pasado de 619 sentencias condenatorias en el año 2000 a 161.008 a 31 de diciembre de 2009, de las cuales 122.366 lo son por delitos derivados de infracciones en materia de seguridad vial.
La mayoría de estas últimas son penas leves -de treinta o menos jornadas- con un plazo de prescripción muy perentorio, de un año, especialmente si se tiene en cuenta el tiempo que transcurre desde que comienza la emisión de la sentencia hasta que se pone en conocimiento de la Administración Penitenciaria.