
Chrysler solicitó al Congreso un "préstamo puente" de 7.000 millones de dólares para hacer frente a su crisis de liquidez, en el marco de un plan de reestructuración y viabilidad a largo plazo. Chrysler presentó el plan para completar la reestructuración iniciada en 2007, después de que lo hicieran Ford y General Motors, como condición para que el Congreso comience a estudiar una estrategia de rescate de la industria automotriz, de la que dependen alrededor de cinco millones de empleos en EEUU.
La empresa, que delineó su plan en 17 páginas, espera recibir ese préstamo a más tardar el próximo 31 de diciembre.
Chrysler <:DCX.XE:>dijo que solicitó el préstamo para hacer frente a "una deficiencia" de liquidez y de capital para las operaciones a corto plazo que, a juicio de la empresa, se crearon por la "tormenta perfecta" de una caída en la demanda, la crisis financiera y la congelación de crédito, y la crisis económica global.
Una garantía
La empresa, que siempre afirmó que la bancarrota no era una opción aceptable, prevé que la infusión de ayuda federal servirá de "garantía" para los abastecedores, clientes y empleados de Chrysler.
Entre otros elementos, el plan prevé una reducción sustancial de gastos, incluyendo la suspensión de las aportaciones de la empresa al fondo de pensiones de los empleados y la cancelación de su programa de alquiler de autos.
La compañía sufrió la pérdida de 12.000 empleos en los últimos dos años, ha aumentado el monto que los empleados deben contribuir a sus gastos de cobertura médica, y ha suspendido otros beneficios para sus trabajadores y jubilados.
Liquidez hasta 2012
Chrysler prevé que, después de hacer un pago inicial de 1.000 millones de dólares al préstamo que le conceda el Gobierno, "la compañía tendrá aproximadamente 12.500 millones de dólares en efectivo para 2012, lo que proveerá un cimiento sólido para continuar pagando los préstamos federales".
En su conjunto, los "Tres Grandes de Detroit" solicitaron del Gobierno federal un total de 34.000 millones de dólares en préstamos y líneas de crédito, una cifra que supera por 9.000 millones la cantidad que han estado negociando los congresistas.