Las gasolineras fantasma o desatendidas son aquellas que no tienen ningún empleado y en las que el cliente se autoabastece y una máquina le cobra. Sin embargo, más allá de su función se han convertido en la causa de una lucha que no es ni mucho menos nueva, pero sí se ha reencarnecido en los últimos días: ¿es legal? ¿Favorecen realmente al ciudadano?
Existen dos opiniones al respecto de este modelo de negocio. Por un lado, está la Comisión Nacional de los Mercados y La Competencia (CNMC), quien en su último informe 'Mitos y realidades de las gasolineras desatendidas' criticó con dureza que se intente privar al cliente de este tipo de gasolineras; por el otro, Facua, quien "considera indignante" la postura de la CNMC en un escrito publicado a principios de mes.
La CNMC asegura, haciendo referencia a los datos de Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), que solo existen 300 gasolineras con ese funcionamiento operando en España, lo que significa menos del 5% del total de las estaciones de servicio. Además, añade que en países como Dinamarca o Suecia el 65,9% y 61,1%, respectivamente, son gasolineras desatendidas, y agrega que un estudio de la Comisión Europea detectó que los precios medios son alrededor de un 2% más baratos respecto a las estaciones de servicio atendidas.
Posteriormente, la CNMC aprovecha para desmotar una serie de "mitos" que rodean a estas y que generan gran controversia.
Punto 1: son inseguras
"Las gasolineras desatendidas no tienen por qué ser más inseguras que las gasolineras que cuentan con personal. La mayor parte de las cooperativas llevan actuando en régimen de estaciones de servicio desatendidas desde hace años, sin que se haya tenido conocimiento de accidentes graves ni tengan una mayor propensión a los accidentes como consecuencia de la falta de personal. De hecho, en ocasiones, la automatización del cierre del suministro puede funcionar con mayor velocidad que un humano", afirma la CNMC. Asimismo añade que "según un estudio del gobierno francés, sólo el 8% de los accidentes en las gasolineras se producen durante el repostaje de combustible a los usuarios. El 92% restante se produce durante labores de mantenimiento, de suministro de carburantes a los tanques de la instalación, etc.".
Una postura que desde Facua califican como "un argumento falaz" puesto que se trata de "un atentado contra la seguridad, dado que la vigilancia de los establecimientos no está garantizada, y por lo tanto, no hay capacidad alguna para intervenir en casos de incidentes o accidentes. Estos establecimientos trasladan absolutamente la responsabilidad de la seguridad al consumidor", afirma.
Punto 2: el cliente está desprotegido
"La obligación de servicio atendido [en la gasolinera] no beneficia a los consumidores ni en términos de precios, ni de seguridad, ni de calidad del servicio", afirma la CNMC. a lo que añade una referencia a un estudio de la Comisión Europea en el que se descubrió que únicamente el 10% de los clientes tuvo problemas en una gasolinera desatendida y no pudo dar con una persona responsable.
No obstante, Facua considera que contar con una persona en las instalaciones es una "imposición especialmente injustificada". La imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son correctas (un derecho básico del consumidor cuando se le factura en función de la medida de un aparato), que los surtidores funcionan correctamente (deben estar homologados y verificados) , presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura, entre otras cuestiones, añade.
Punto 3: dañan el empleo
La CNMC niega la veracidad de este punto y alega que la mayor parte de las empresas que están instalando gasolineras automáticas son de nueva creación. Empresas innovadoras, algunas de las cuáles pueden tener la consideración de start-ups y que se comportan como mavericks (pioneros), lo que mejora la competencia en el mercado.
Se trata de un argumento "engañoso y no tiene en consideración otros factores de funcionamiento del mercado de los carburantes en España". A lo que Facua agrega que el argumento de este tipo de gasolineras low cost favorezca la caída del precio del carburante "es engañoso puesto que está marcado por el oligopolio en el ámbito mayorista y otras disfunciones graves, entre ellas una regulación incompleta y deficitaria y escasos controles e inspecciones sobre el sector", aseveran.
Punto 4: perjudican a los discapacitados
Para evitar este prejuicio, la CNMC pone como ejemplo Suecia, donde aducen a las mejoras técnicas y arquitectónicas que pueden ser introducidas en esta clase de establecimientos.
Un argumento que no convence a Facua, quien cita la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre), donde se refleja que "todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público (...) estarán obligadas al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad (...)".
Una disputa que sigue desarrollándose, pero que, por lo pronto, Navarra, Asturias, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid - lo aprobó el pasado mes de marzo- , han dado la razón a la CNMC. Actualmente cuentan con una norma que establece que las gasolineras deberán contar con al menos una persona para atender a los clientes.