Los retrasos en las pruebas prácticas de los permisos de conducir siguen trayendo de cabeza a miles de aspirantes a conductores y a autoescuelas de una parte significativa de las provincias españolas. En algunas de ellas todavía se dejan sentir los efectos de la huelga de examinadores del año pasado, conflicto que parece claro que se cerró en falso.
En efecto, más de una decena de las provincias -algunos ejemplos son Barcelona, Alicante, Baleares, Burgos, Cáceres, Cantabria, Castellón, Guipúzcoa, La Rioja, Las Palmas, Valencia o Zaragoza...-, no han recuperado todavía una cadencia normal en las pruebas de circulación, sin que se vislumbre una pronta solución. En estas provincias, casi todas de gran población, cada autoescuela ha de esperar alrededor de un mes para poder examinar a sus alumnos. Además, se está haciendo demasiado frecuente el hecho de que las fechas para la celebración de las pruebas sean provisionales e incluso que se cambien a última hora. A veces los aspirantes no saben que se van a examinar hasta 48 horas antes.
La escasez de funcionarios para las tareas de exámenes no sólo no se soluciona, sino que se agrava. Baste mencionar el fracaso del último concurso para proveer plazas de examinadores del permiso de conducir. Del desenlace del referido concurso, que se hizo público el 19 de febrero pasado, la plantilla de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) salió con dos funcionarios menos, una disminución que puede parecer mínima, pero que en las actuales circunstancias se antoja muy significativa. Se habían ofertado 75 plazas y hasta 17 de ellas quedaron desiertas.
La DGT ha tratado de paliar el problema reforzando transitoriamente la plantilla de examinadores de tal o cual provincia con funcionarios, pero está claro que sin la mejora de la situación que miles de ciudadanos esperan. Además, la escasez de funcionarios no es la única dificultad con la que tropieza el sector en este asunto. La no comunicación del resultado de la prueba de circulación también entorpece la actividad de los centros de Formación Vial.
Así que en el horizonte sólo se ven nubarrones, y encima el verano está a la vuelta de la esquina. Como todos sabemos, se trata de una época que suele ser bonancible para los centros de Formación Vial, porque los jóvenes han terminado su período de estudios y gozan de más tiempo libre, siendo muy habitual que se opte por ocuparlo tratando de obtener el carné de conducir. Pues bien, las autoescuelas de algunas provincias se temen lo peor. ¿Qué hacemos? Este conjunto de problemas ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que la DGT se decida a tomar medidas que impidan que el servicio de exámenes de tráfico continúe deteriorándose. Una de ellas, aunque no la única, bien pudiera ser la de encomendar la supervisión del examen teórico y de las pruebas en pista a guardias civiles de la Agrupación de Tráfico.
El ejemplo de Francia
En este sentido, sería deseable que las autoridades imitasen el ejemplo de Francia, cuyo Gobierno ha habilitado a personal proveniente de otras ramas de la Administración para controlar las pruebas teóricas, llegando incluso a utilizar en circunstancias excepcionales a gendarmes retirados para hacer las pruebas de pista. Al fin y al cabo, ¿quiénes mejores que ellos, con larga experiencia a pie de carretera, para empoderar a los nuevos conductores? Con esa medida, de prácticamente nulo coste, se conseguiría liberar más examinadores para la prueba de circulación, que es la que más retrasos acumula.
En el caso de España, nosotros proponemos hacer lo mismo, pero con la Guardia Civil. La ventaja de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil es que podrían desempeñar la función de examinadores sin apenas necesidad de adiestramiento. Adicionalmente, volvemos a solicitar, como ya hicimos hace meses a la DGT, que considere también la posibilidad de reforzar con carácter perenne o transitorio la plantilla de examinadores de tráfico mediante profesores de Formación Vial, otro colectivo suficientemente preparado.
Pero, por favor, todo menos permanecer de brazos cruzados, porque los problemas no se van a solucionar solos.
José Miguel Báez es presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).
¿Volvería a aprobar el carné?