Queda visto para sentencia la demanda colectiva de OCU por el caso Volkswagen

El juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha dejado visto para sentencia este lunes la demanda colectiva que representa a más de 7.500 personas, interpuesta por OCU, del caso del software instalado en vehículos diésel de Volkswagen que alteraba las emisiones cuando estaban siendo objeto de pruebas de laboratorio. | Fracasa el intento de Volkswagen de llegar a un acuerdo con las asociaciones de consumidores alemanes para parar el juicio por el caso diésel.

Volkswagen España se ha desmarcado de la polémica por el trucaje de motores diésel al alegar que, dada su condición de importadora de vehículos del grupo, no interviene en el proceso de fabricación, si bien ha descartado que el "software" instalado en ellos manipule los datos sobre emisiones.

Ante el Juzgado de lo Mercantil, el letrado de la compañía ha insistido en que los programas informáticos que incorporaron los motores de la familia EA 189 hasta 2015 "no falsean nada", y ha pedido que no se compare la situación en Europa con el "dieselgate" de Estados Unidos.

Al respecto, el abogado de Volkswagen se ha apoyado en el peritaje elaborado por José Manuel Luján, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, que en sede judicial ha explicado que los motores usados en el Viejo Continente sólo coinciden con los estadounidenses en su "corazón".

El experto ha señalado que en Europa, los motores pueden alcanzar unos niveles de Óxido de Nitrógeno (NOx) de unos 180 miligramos por kilómetro, muy superiores a los 31 miligramos por kilómetro que por ley permitidos en Estados Unidos.

Presentada por OCU

Esta acción judicial se inició en junio de 2017 después de que fracasase la conciliación. OCU reclama más de 22 millones de euros en indemnizaciones en concepto de daños y perjuicios, lo que supone cerca de 3.000 euros por persona afectada, según informa la organización de defensa de los consumidores.

"En condiciones similares a los consumidores americanos y australianos"

La asociación afirma que los usuarios afectados tienen derecho a ser indemnizados por el perjuicio sufrido, "en condiciones similares a los consumidores americanos y australianos", donde la empresa ha llegado a acuerdos.

"La situación es totalmente distinta en Europa, que, ante la pasividad de distintas administraciones, ha obligado a organizaciones de consumidores de toda Europa a acudir a los tribunales para que exigir la indemnización a la que tienen derecho los afectados", explican desde la OCU.