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El Gobierno prepara una selectividad que respete la "autonomía educativa" pero propicie "criterios equiparables" en toda España

Los ministerios de Educación y Formación Profesional y el de Universidades, que dirigen Pilar Alegría y Joan Subirats, respectivamente, trabajan en el nuevo modelo de la prueba de acceso a la universidad que deberán establecer "en los próximos meses" según ordena la nueva ley educativa, la Lomloe. En la propuesta "inicial" de la titular educativa está el "respeto a la autonomía" de las administraciones educativas y universidades, pero también establecer "criterios equiparables" y "sin cambios bruscos".

Así lo aseguró el secretario de Estado de Educación durante su comparecencia en la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados, José Manuel Bar, donde reconoció que la nueva prueba tratará de afrontar las "carencias" del actual sistema.

"Por otra parte, sería completamente incoherente que las nuevos currículos introduzcan nuevos contenidos y nuevas formas de enseñar y aprender, mucho más competenciales, pero que eso no tuviese su correspondiente en la evaluación. Obviamente, no se puede enseñar y aprender de una manera y evaluar como siempre, como si nada hubiese cambiado", argumentó.

No obstante, remarcó que la propuesta "inicial" de Alegría en julio en la Conferencia Sectorial está "sujeta aún a la discusión posterior con todas las partes interesadas". Esta propuesta, remarcó, está basada en "el respeto por la autonomía de las administraciones educativas y las universidades y, por otra, una implantación gradual y pautada del nuevo modelo, dirigida a generar tranquilidad en la comunidad educativa y a propiciar el uso de criterios equiparables en todo el país, tanto en la elaboración como en la corrección del mismo".

"En definitiva, se trata una propuesta de una prueba que, aunque mantiene muchas cosas del modelo actual, incorpora una modificación necesaria y limitada de la prueba de acceso a la universidad, pero evitando el riesgo de producir cambios bruscos, a mayor velocidad de la que el sistema es capaz de procesar", indicó.

El secretario de Estado subrayó, no obstante, la intención de afrontar el debate desde su Ministerio "sin establecer de antemano líneas rojas infranqueables". Pero sí que indicó algunas cuestiones que plantean más inflexibilidad en la negociación: "Debemos ser conscientes desde el principio de que el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas hace que resulte inviable la implantación de una prueba única para todo el territorio".

"Debemos en cambio, una vez más, ser capaces de poner en valor la diversidad de nuestra configuración territorial y buscar alcanzar a través del diálogo y de los estudios técnicos un consenso que nos permita avanzar en la línea de una mayor homologación y equilibrio entre las pruebas planteadas, para asegurar, a través de un progresivo enfoque competencial, que sean efectivamente equiparables entre los distintos territorios", concluyó.

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