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Profesores de Religión recuerdan que el Estado de Derecho avala su estabilidad laboral

  • Apprece reclamó "que se siga avanzando hasta conseguir un Currículo Integrado"
Madrid

Profesores de Religión de centros públicos aglutinados en la Unión Apprece España han recordado que "el Estado de Derecho avala la estabilidad laboral del profesorado de Religión" de cara a la aplicación de la nueva ley educativa, la Lomloe.

Así lo destacaron en un comunicado en el que informaron de las principales conclusiones alcanzadas en el seno de la reciente asamblea general que celebraron este fin de semana en Madrid.

Según resaltaron, "los problemas laborales del profesorado de Religión Confesional de España, a juicio del Sindicato Apprece, tienen su solución en el Estado de Derecho vigente". Además, los borradores del nuevo currículo de Religión Católica en Primaria y Secundaria "aseguran" la presencia de estas enseñanzas en el sistema educativo, indicó la organización.

Asimismo, Apprece reclamó "que se siga avanzando hasta conseguir un Currículo Integrado, que sea la oferta del sistema educativo de España para toda la niñez y juventud en la edad de educación obligatoria" y urgió a las comunidades autónomas que "completen los horarios asignados ya a las Enseñanzas Mínimas por el Ministerio, y que, en cumplimiento del artículo 6.4, son las que tienen la responsabilidad de completar los horarios de Religión, del 50 o del 40 %, según tengan o no lengua cooficial".

En línea con la estabilidad laboral del profesorado de Religión, la unión también recalcó que "los contratos indefinidos del Profesorado de Religión, como principio de seguridad jurídica, nadie los puede convertir en temporales. Y, en el supuesto de que ocurriera, tiene que haberle precedido la aplicación correcta de los procedimientos legales, existentes desde el año 2012, para las administraciones educativas, en casos de 'despidos colectivos', que puedan afectar a un mínimo de cinco profesores, en todo centro de trabajo provincial o incluso diocesano. Y, en particular, en los casos en que, por fuerza mayor, se pensara o en reducciones de jornada o en suspensión del contrato en los dos últimos años de la vida laboral, antes de la jubilación anticipada".

Apprece "espera de las administraciones educativas diálogo y negociación con los representantes legales de estos trabajadores, que tienen derecho a ver siempre despejado su horizonte laboral, sin miedos, porque el Estado de Derecho lo protegerá en toda situación", concluye el comunicado.

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