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Celaá: "El adoctrinamiento no es tolerable"

  • La ministra insistió en que ha acudido a la Justicia para defender el interés superior del menor
Madrid

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, aseguró este jueves que "el adoctrinamiento no es tolerable, de ninguna de las maneras", pero que los poderes públicos se deben "a la escrupulosa garantía de la seguridad jurídica" y tienen que "documentar las denuncias".

Así lo dijo durante su intervención en la Comisión de Educación y Formación Profesional en el Congreso de los Diputados, en respuesta a las críticas por el adoctrinamiento del independentismo que algunos sectores denuncian en los colegios catalanes, ante las que la ministra también matizó que se debería luchar contra todo tipo de adoctrinamiento, también para el que plantea que "la Tierra es plana", afirmó con ironía, abriendo el debate al 'pin parental' que defiende Vox.

Precisamente, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la comisión, Celaá había anunciado que su reforma educativa contemplará la devolución a los consejos escolares de la capacidad de "control" de las actividades que se realicen en los centros, para garantizar de forma más amplia la "libertad de las familias", algo que se está revindicando con la polémica del 'pin parental'.

"Es una curiosidad antológica que aquellos que en la Lomce retiraron el derecho de los padres y madres en los consejos escolares, y que ahora vamos a reponer con nuestro proyecto de ley, estén ahora revindicando la libertad de las familias", comentó, cuando los citados consejos, en su opinión, se han convertido en "meros órganos de asesoramiento y no de control".

Por ello, la ministra insistió en que ha acudido a la Justicia para defender el interés superior del menor. "¡Qué más hubiéramos querido que Murcia acatara el requerimiento!", agregó, apuntando a que acatará "lo que diga el tribunal".

"Esta ministra siempre ha cumplido la constitución y la va a seguir cumpliendo. También en relación a la libertad lingüística", zanjó.

La responsable de Educación del Gobierno de Sánchez defendió la educación pública, pero también la concertada que tiene un compromiso con la función social de la educación y apeló al consenso para una reforma que buscará que "todos los alumnos tengan acceso a una educación integral que respete los principios democráticos de la convivencia".

Además, se comprometió a "llevar el barco a puerto". De hecho, presumió de que la reforma educativa será "el primer proyecto de ley de este Gobierno", anunciando que el anteproyecto "está listo para su tramitación". Es una ley que deroga la Lomce y "sus negativas consecuencias" será propuesta ante el Parlamento "en próximas fechas".

Según Celaá, la reforma parte del "consenso" y "garantiza la igualdad de oportunidades y permite la personalización de caminos formativos adaptados a las necesidades del alumnado", pues el sistema requiere un cambio de "enfoque" y "una nueva filosofía" que no suponga "una carrera de obstáculos para el alumno".

También apuntó la necesidad de que la educación sea inclusiva y la formación a lo largo de la vida. Con ello, Celaá espera reducir el abandono educativo temprano, garantizar la educación en valores cívicos y modernizar la Formación Profesional.

Grupos

Por el Grupo Socialista, Luz Martínez Seijo pidió colaboración a los diputados de otros grupos para emprender la reforma y destacó que "el veto parental afecta a los profesores, claro que afecta" y se comprometió a afrontar "los grandes retos de la educción española".

Óscar Clavell, del Grupo Popular, subrayó que en la educación hay tres actores, los profesores, los padres y los alumnos, por lo que reclamó como "la gran reforma pendiente" la del profesorado, para recuperar la "autoridad" de los docentes. También pidió "libertad de los padres sin intromisiones", pues en su opinión, "se adoctrina sin pudor". Clavell afeó al Gobierno que abandere la idea del consenso cuando el PSOE abandonó la subcomisión hace dos años donde se debatía el pacto de Estado educativo.

También recriminó a Celaá que quiera derogar la Lomce, cuando dicha ley, según los populares estaría compuesta en un 80% por textos de la LOE impulsada por los socialistas.

Derecho constitucional

El turno de Vox lo abrió Joaquín Robles, que denunció la existencia de 17 sistemas educativos con los que se están creando "patrias artificiales" y revindicó el 'pin parental' como "un derecho constitucional" aplicable para "aquellas charlas" impartidas por "colectivos ajenos" y por personas "que no son docentes".

Su compañera de grupo, Georgina Trías denunció el "silenciamiento" del artículo 27.3 de la Constitución con esta polémica "para que prosperen sus pretensiones totalitarias y sectarias". "La mejor manera de defender el interés superior del menor es protegiendo a la familia, la gran ausente de las políticas sociales", dijo, pues "los hijos sí son de los padres".

Por Unidas Podemos, Joan Mena indicó que las claves de la reforma educativa han de ser "equidad, inclusión y lucha contra la segregación" para dar "el adiós definitivo" a la Lomce, "diseñada para una educación de élite", por lo que se opuso a la segregación y pidió transparencia con los conciertos para afear que España sea el cuarto país de la UE en porcentaje de escuela pública porque no llega al 70%.

Contra Cataluña

Por el Grupo de ERC, Montserrat Basa reclamó "la necesidad del consenso del conjunto de la comunidad educativa" y exigió el catalán como lengua "vehicular y de aprendizaje" y lamentó "la ofensiva contra la escuela catalana".

Por su parte, Inés Sabanés, de Más País, reclamó que se apliquen "criterios de sostenibilidad" al modelo educativo y exigió a Celaá "rapidez" para derogar la Lomce y afeó a colegas de otros grupos de manifestar cierta tendencia "al bloqueo". Su compañero de Grupo Sergi Miquel i Valentí (Junts per Catalunya) tendió la mano a Celaá para "desmantelar" la citada ley y reprochó que se ponga el foco "en la lengua en que se dice y no en lo que se dice".

La diputada de Ciudadanos, Marta Martín, dudó de que Celaá recabe los consensos de los que presume para su reforma educativa y criticó que la ministra niegue la existencia de adoctrinamiento en los centros catalanes. Martín recordó que el Grupo Socialista se levantó del pacto educativo para luego ceder ante el independentismo y pidió que no haga dejación de funciones ante el problema "claro" que hay con el adoctrinamiento en Cataluña, comparándolo con el 'pin parental' en Murcia.

Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), Josune Gorospe presumió del modelo de éxito de la educación en el País Vasco y advirtió al Gobierno para que no se produzcan "injerencias" en las competencias que tiene el País Vasco en materia educativa, en cuestiones concretas como las becas.

Isabel Pozueta, de EH-Bildu, reclamó la derogación de la Lomce "ya", "sin parches y con coraje" y presumió de la polémica iniciativa 'Skolae', revindicando el derecho a educarse "sin tabúes" y sacar la Religión de las escuelas.

Por el Grupo Mixto, tomó la palabra Sergio Sayas, que subrayó que "de quien no son los hijos son del Estado" y denunció que el nacionalismo "trata de resetear cerebros y adoctrinar a través de la educación". Reclamó a la ministra que es necesario "mucho más que la ley" para que la libertad de las familias en Cataluña para educar a sus hijos conforme a sus preferencias "sea una libertad práctica".

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