Cuando se pone de ejemplo a los sectores de otros países por su capacidad de actuación, su nivel de concertación o sus decisiones colectivas es porque en ese país existen normas que han permitido que los sectores económicos agroalimentarios puedan establecer acuerdos por mayorías sobre el conjunto de operadores.
A esta fórmula se le llama la extensión de norma y viene a ser que un acuerdo adoptado por una mayoría se aplica a la totalidad, algo que nos parece muy democrático en cualquier colectivo, pero que en economía puede parecer que nos retrotrae al gremialismo o incluso al sindicato único de épocas pasadas.
Esto puede aparecer como una aberración en términos del derecho de la competencia, pero en sectores cuya debilidad está causada por su atomizada estructura económica, es casi una necesidad poder contar con este tipo de normativa para permitir el progreso.
Naturalmente deben existir normas que garanticen los derechos y regulen los límites, y en nuestro país estas fórmulas de concertación pasan por las Organizaciones Interprofesionales Agrarias (OIA), que empezaron a existir a partir de una Ley de 1994 que las regula y que establece, entre otras cosas, la garantía de composición por las asociaciones representativas de la cadena, desde la producción agrícola hasta la comercialización.
En España, casi enseguida que se instauró la Ley, se creó una Interprofesional del Vino de mesa que no llegó a funcionar.
Mi explicación de aquel fracaso es que se forzó la creación para una sola categoría de producto, el vino que se llamaba de mesa, que era una categoría administrativa establecida por la antigua Organización Común de Mercados (OCM) y que no respondía a un mercado de consumo, sino a una definición maniquea que contraponía "calidad" a "mesa". La categoría de mesa estaba condenada a desaparecer, y así ocurrió, y más tarde se certificó la defunción de la OIA del vino de mesa. Aquella experiencia nos dejó un regusto de fracaso.
Ha habido demasiadas expectativas en torno a qué soluciones pueden ofrecer las interprofesiones. Hubo tanto empeño en determinados momentos que se hizo creer que todos los males se resolverían: los desajustes del mercado, las calidades, los precios, los contratos,? Pero la interprofesional no es la panacea de estos males.
Los políticos también participan y fomentan en ocasiones estas expectativas excesivas. La legislación comunitaria refuerza las interprofesiones y les da competencias de consejo en materias de regulación del mercado o en la salvaguarda del potencial de producción, pero son cuestiones que hay que resolver en un primer momento a nivel regional.
En el sector del vino tenemos una gran necesidad de ponernos de acuerdo en muchos temas, pero tenemos también distintos ámbitos regionales en los que poder entendernos.
Hay acuerdos que deben ser locales, otros deben ser regionales, nacionales o europeos. Debemos contribuir a poner orden en el tipo de decisiones que hay que tomar en cada nivel. Un acuerdo de producción o de campaña tiene que ser necesariamente local, una decisión sobre el nivel de calidad o el potencial de producción tiene que estar vinculado al proyecto colectivo regional, por ejemplo de una Denominación de Origen.
Algunas regiones vitivinícolas han adoptado el modelo interprofesional legal para regir sus consejos reguladores. Lo óptimo es adoptar la mayoría de las decisiones y acuerdos lo más próximo a la realidad local o regional.
De hecho, el sector del vino está altamente corregulado a este nivel y los acuerdos que se adoptan en los consejos reguladores terminan siendo reglamentos publicados en los diarios oficiales autonómicos.
También existen retos para el sector que exigen respuestas a nivel nacional, son pocos retos pero constituyen importantes objetivos. Uno de ellos, sin duda el más urgente, es hacer frente al problema del consumo nacional y la imagen del vino en las próximas generaciones de consumidores en nuestro propio país.
Éste es el mayor desafío que tiene nuestro sector desde hace años, pero ya no puede esperar más.
La dimensión del problema requiere inversiones adecuadas y fórmulas imaginativas, pero en definitiva hay que poner recursos.
Otros problemas recientes, como las amenazas y represalias en mercados exteriores en los que tenemos grandes expectativas, como son los casos de Brasil y China, han supuesto la alarma de nuestras bodegas exportadoras, que exigen un mecanismo colectivo de reacción y mutualizar sus riesgos, viendo que en nuestro país vecino, Francia, eran capaces de movilizar rápidamente fondos para esta finalidad por medio de la interprofesional.
Las campañas de promoción genéricas son de muy difícil financiación. Aquí no vale el fund-raising voluntario, pues cada empresa tiende a potenciar su propia marca y, aunque entiende la necesidad de potenciar la categoría para crecer, "mira de reojo al vecino".
La generosidad de cada empresa puede ser también un peldaño de mejora ofrecido al competidor. También existen unas pocas empresas que aprovechan cualquier acuerdo para actuar con deslealtad e incumplirlo en aplicación de su mayor ventaja.
Por tanto, es en este contexto en el que se hace necesaria la extensión de norma que garantice a todos una aplicación homogénea y una distribución justa de aportaciones económicas.
Ésta es la principal finalidad que debe tener una interprofesión del vino en España en un primer momento, porque lo que es urgente es poner los medios para intentar invertir una tendencia que puede terminar arrinconando al vino en nuestra sociedad y deslegitimando su consumo habitual. Estamos muy cerca de este punto, por eso es urgente.